Bicentenario y visión de país
Somos un país sin proyecto, “un pueblo sin visión” compartida que sintetice lo que quiere ser. Daniel Zovatto.
En pocos días celebraremos el Bicentenario de nuestra Independencia; de ahí la importancia y urgencia de contar con una visión de país de largo plazo y de políticas de Estado que la acompañen. Hace casi un siglo, cuando en un clima de euforia argentina celebraba su primer centenario, Joaquín V. González advertía en su Juicio del siglo (publicado por La Nación el 25 de mayo de 1910) acerca de la "ley del odio o de las discordias internas" que tanto daño nos había producido hasta ese momento y que lamentablemente persiste.Hoy, la situación es muy diferente. La euforia de hace un siglo ha sido reemplazada por un sentimiento más sobrio. Es cierto que estos 27 años de democracia son un activo que debemos preservar y valorar en toda su magnitud; resultaría un gravísimo error no hacerlo. Pero también es cierto que, pese a los importantes avances logrados en estos últimos años, subsisten severos déficits entre los que destacan la debilidad de nuestras instituciones, los altos niveles de inseguridad legal, la anomia que caracteriza a nuestra cultura jurídica, los elevados índices de pobreza y desigualdad social, el desempleo de dos dígitos, la inseguridad ciudadana, etcétera.En nuestro país existe una profunda crisis de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. No se cuestiona a la democracia representativa como sistema político y forma de gobierno, sino a la eficacia de sus instituciones para resolver los problemas que afligen a la sociedad. En otras palabras, los argentinos pedimos mejorar la democracia, no renunciar a ella.¿Cómo mejorarla? En mi opinión, se requiere, en primer lugar, garantizar un mínimo de bienestar social para todos, bienestar que se exprese en el disfrute de los derechos sociales básicos como el trabajo, la salud, la educación, la seguridad y la vivienda digna. Se requiere, asimismo, un Estado activo y responsable, cuyas instituciones se rijan por los principios de honestidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública.¿Por qué no podemos avanzar en la dirección correcta como lo hacen otros países, incluidos varios de nuestros vecinos más cercanos? Existen muchas razones, pero quisiera apuntar las siguientes: 1) Argentina es un país cíclico, cada cierto número de años ocurre una crisis económica o política que obliga a "empezar de cero"; 2) somos un país sin proyecto, "un pueblo sin visión" compartida que sintetice lo que quiere ser en el mediano y largo plazo y, más trascendente aún, cómo lograrlo, 3) el país no cuenta con conducción estratégica, no existe un acuerdo entre las elites dirigentes que, reconociendo y respetando las diferencias, dé continuidad al proyecto de país mediante gobiernos o situaciones económicas coyunturales.Por lo tanto, no hay tiempo que perder. El siglo 21 marcha de manera acelerada y no nos espera. Debemos escapar de esta "miopía estratégica" que nos tiene atrapados desde hace ya tanto, del cortoplacismo, de la improvisación, de la "ley del odio y la discordia interna" que sigue vigente y que hace falta derogar para siempre. Por otro lado, la complejidad del contexto internacional, los retos de la globalización y los desafíos de nuestra propia realidad nos exigen actuar (como recomendaba Weber a los políticos) con pasión, mesura y, sobre todo, con sentido de la responsabilidad.Para ello es imprescindible el diálogo, la construcción de un gran consenso nacional que sustente una visión de país de largo plazo. Un consenso que nos permita definir una estrategia de desarrollo y políticas de Estado estratégicas y sostenibles que trasciendan un período de gobierno, un período presidencial o legislativo. Una visión de país que nos inserte con éxito dentro del proceso de globalización y que ponga en marcha un círculo virtuoso caracterizado por crecimiento económico sostenido, generación de empleo de calidad, reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad, mayores niveles de cohesión social, fortalecimiento institucional, seguridad jurídica y gobernabilidad democrática.

