Acelerados. El boom de los autos eléctricos en Córdoba: innovación... ¿sin control?
La apertura a las importaciones y el avance de los vehículos eléctricos aceleran la transición energética, pero también crece la preocupación por la falta de adaptación normativa y operativa.
La desregulación de importaciones y la llegada de los vehículos eléctricos a Córdoba configuran un escenario de modernización tecnológica y transición energética sin precedentes. Sin embargo, este avance también expone una tensión creciente entre la velocidad del mercado y la capacidad real del sistema institucional para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
A nivel nacional, el proceso de apertura se vio impulsado recientemente a partir de la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que flexibiliza condiciones para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, promoviendo su incorporación al parque automotor argentino.
Complementariamente, la Disposición 10/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) introduce lineamientos específicos vinculados a la homologación, circulación y control de estos vehículos, reconociendo por primera vez de manera más explícita las particularidades técnicas de la electromovilidad.
Inti Smith, ingeniero mecánico y presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), aclara que si bien estas medidas representan un avance en términos de promoción tecnológica, también trasladan a las jurisdicciones provinciales, como Córdoba, una responsabilidad concreta. “Esta nueva realidad obliga a adaptar los sistemas de control, fiscalización y verificación técnica a una realidad vehicular completamente distinta”, remarca.
En Córdoba, el marco normativo que regula la circulación vehicular está dado por la Ley de Tránsito Provincial Nº 8560, que establece que todo vehículo debe reunir condiciones de seguridad activa y pasiva, estar debidamente homologado y ser apto para circular en la vía pública. Este principio, históricamente aplicado a vehículos con motorización a combustión interna, hoy debe reinterpretarse frente a tecnologías que incorporan sistemas de alta tensión, baterías de litio, electrónica de potencia y nuevas configuraciones estructurales.
“La llamada electromovilidad introduce variables técnicas que no estaban contempladas cuando se diseñaron muchos de los esquemas de control actuales. A pesar de eso, los vehículos están ingresando y circulando bajo marcos regulatorios que aún no fueron actualizados en profundidad ni armonizados plenamente entre Nación y Provincia”, advierte Smith.
La Disposición 10/2026 de la ANSV intenta cubrir parcialmente ese vacío, estableciendo criterios para la circulación segura, requisitos documentales y lineamientos para inspecciones técnicas. No obstante, su implementación efectiva depende en gran medida de la capacidad operativa de los sistemas locales, que en muchos casos aún no cuentan con protocolos específicos para evaluar baterías, sistemas de alta tensión o riesgos de origen eléctrico.
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Garantía de seguridad
A todo esto se suma un elemento central que muchas veces queda fuera del debate público, el rol de la ingeniería como garantía de seguridad.
En Córdoba, la Ley N.º 7673, que regula el ejercicio profesional de los ingenieros especialistas desde 1988, establece que toda actividad técnica que implique riesgo para la seguridad de las personas o los bienes debe ser ejecutada, supervisada y certificada por profesionales debidamente matriculados y con incumbencias específicas.
La convergencia entre ambas normas es directa. Si la Ley 8560 exige que los vehículos sean seguros para circular, la Ley 7673 determina quiénes son los responsables de garantizar técnicamente esa condición.
Sin embargo, en el emergente mercado de los vehículos eléctricos esta articulación no siempre se verifica en la práctica. “Observamos con creciente frecuencia la reconversión de vehículos con motor a combustión interna a unidades eléctricas sin intervención formal de profesionales habilitados, o sin la documentación técnica que respalde los cálculos estructurales, eléctricos y térmicos involucrados”, subraya el presidente del CIEC.
Un vehículo eléctrico mal diseñado, mal mantenido o intervenido sin control puede presentar fallas de aislamiento eléctrico, con tensiones significativamente superiores a las de un vehículo convencional. También puede sufrir eventos térmicos en sus baterías o problemas estructurales derivados de una incorrecta distribución de masas.
Revisión técnica sin adaptar
Otro punto crítico, advierte Smith, es la infraestructura de control. La revisión técnica, el ITV en Córdoba, aún no se encuentra plenamente adaptada para evaluar en profundidad los sistemas específicos de los vehículos eléctricos. La ausencia de equipamiento, capacitación técnica y protocolos detallados limita la capacidad de detección de fallas que podrían comprometer la seguridad.
“Córdoba cuenta con capacidades técnicas relevantes y con un entramado profesional altamente calificado para afrontar este desafío. Pero para que eso se traduzca en seguridad real, es necesario que las normas vigentes no sólo existan, sino que se apliquen de manera efectiva, coordinada y con una clara asignación de responsabilidades”, explica el directivo.
