Una gigantesca sala velatoria

Ya no basta con haber transformado a Córdoba en una ciudad que es un gigantesco basural y en una maloliente red cloacal a cielo abierto. Una ciudad cuyos habitantes viven abrumados por la contaminación ambiental (de no mediar el benéfico fenómeno de la inversión térmica, que al avanzar la mañana calienta el aire y, al ascender, arrastra consigo las partículas de monóxido de carbono).

Si existiese un catastro sanitario integral y actualizado, registraría índices aún más alarmantes de enfermedades en las vías respiratorias. Y aun podrían agregarse las contaminaciones visual y auditiva. Además de las casi cotidianas penurias que le infiere un sindicalismo que ha pervertido el ejercicio de sus derechos, transformando a la barbarie en su más fuerte argumento de negociación.

Le faltaba un toque macabro, y es el que le ofrenda en estos días el personal de la Policía Judicial, que, más allá de sus legítimos pedidos sindicales -como la rejerarquización de los cargos-, logró transformar a la ciudad en una inmensa sala velatoria.

Le bastó con dejar tirados en las calles, durante horas eternas, los cadáveres de víctimas del delito o de accidentes de tránsito. Los transeúntes y quienes se desplazan en vehículos están obligados a contemplar el penoso espectáculo de restos humanos cubiertos con páginas de diarios o con un trapo aportado por algún conmovido vecino.

El personal del Poder Judicial y el de la Policía Judicial plantean, en simultáneo, reivindicaciones de distintos órdenes. Aunque alternan reclamos de negociaciones y paros, antes de comenzar las tratativas suelen aplicar medidas de fuerza para "ablandar" a la contraparte, como ya es tradición en la metodología operativa de las organizaciones sindicales de nuestro país.

En el caso de los empleados de Policía Judicial -que exigen, además de su reescalafonamiento, mayores haberes, mejoramiento de las condiciones laborales y provisión de elementos necesarios para cumplir sus tareas-, han descubierto que, como método de presión, un cadáver sirve tanto como la obstrucción de un conducto cloacal.

Con pasmosa insensibilidad, aducen que la Policía Judicial no está encuadrada como un "servicio público esencial" y no tienen "la obligación de cumplir guardias mínimas", según lo contempla la ley nacional número 25.867.

No es la primera vez que en nuestro país se sancionan leyes con textos incompletos, contradictorios y hasta ininteligibles por los jurisconsultos. Pero, por sobre esas deficiencias leguleyas, deberían prevalecer la sacralización de la condición humana y la solidaridad con el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

La protesta es legítima y debe respetarse, pero es inexcusable la especulación con la vida humana (o la muerte), en especial para un gremio que debe colaborar en la tarea de la Justicia.