Una fuerza que debe cuidarnos
La fuerza de seguridad provincial no pasa por el mejor de sus momentos, queda claro. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Hace unos ocho años, llevados por urgencias políticas, se eliminaron los informes imprescindibles que evitaban que elementos indeseables ingresaran a la institución. En sólo ocho días, 19 policías fueron apartados por distintos delitos
El listado es largo: cohecho, robo, tráfico de estupefacientes, amenazas, abuso de armas, conducción peligrosa, riña, prestar servicio alcoholizado... Pero no se trata de entrar en detalles que abruman. Mucho más si todo lo enumerado se corresponde con una sola clase de autores: integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba que a estas horas se encuentran suspendidos o directamente encarcelados, mientras se sustancian las causas que los involucran.
La fuerza de seguridad provincial no pasa por el mejor de sus momentos, queda claro. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Hace unos ocho años, llevados por urgencias políticas –como los crecientes reclamos por inseguridad– se eliminaron los informes imprescindibles que evitaban que elementos indeseables ingresaran a la institución.
El resultado es conocido: muchos que ya delinquían y otros que estaban dispuestos a hacerlo, pero de uniforme, ingresaron sin más para sumarse a un cuadro de desprestigio que se arrastraba desde los años de plomo, con su secuela de torturadores y asesinos y bolsones de una larvada resistencia autoritaria y mafiosa que jugaba un fuerte internismo a la hora de poner y sacar jefes de la repartición.
El poder político no fue ajeno a todo esto, siempre dispuesto a pagar viejas cuentas clientelares facilitando el ingreso de punteros y amigos diversos. Y, en este caso, pactando casi dos décadas atrás un acuerdo corporativo cuyas cicatrices saltan a la vista: autonomía para la fuerza, que se maneja lejos del control de los estamentos de gobierno a cambio de hacer sus negocios con discreción.
Pero algo se desmadró por el camino: el “clima de negocios” que se manejaba verticalmente colapsó cuando se hizo horizontal y todos y cada uno se consideraron autorizados a manejarse con libertad. En un aciago diciembre de 2013, pudimos apreciar las consecuencias.
Lo que hoy urge es tanto la más severa depuración de la fuerza, algo temido por la política por las consecuencias posibles (véase, si no, a la provincia de Buenos Aires), como una mayor exigencia a la hora del ingreso y estándares de capacitación que produzcan agentes del orden y no grises burócratas armados.
Se requiere de una policía profesional, capacitada y entrenada, que deje de ser un seguro de desempleo para muchos. También hace falta una modernización que permita poner en servicio a quienes hoy sólo tramitan papeleo diverso. Sin olvidar que el problema no es el número sino la calidad.
Pero, sobre todo, debemos dejar de proveer uniforme, placa y pistola a quien habrá de ofendernos y humillarnos o cosas peores aún, para lo cual el gobierno de turno, responsable absoluto, debe hacerse cargo lo antes posible.
