Una deuda inexplicable

U na investigación publicada este último domingo en el diario La Nación , de Buenos Aires, expuso un supuesto fraude cometido por el empresario Cristóbal López contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por unos 8.000 millones de pesos. Con numerosos y bien documentados vínculos con el matrimonio Kirchner, López fue uno de los empresarios que más se favoreció con la pasada administración. De tener algunas inversiones en los juegos de azar, pasó a ser un importante actor del negocio petrolero y propietario de un creciente emporio de medios que, a cambio de apoyar al kirchnerismo, recibía una exorbitante cuota de la pauta oficial. El fraude denunciado remite a sus negocios petroleros durante la segunda presidencia de Cristina Fernández. En concreto, lo que se publicó es que durante varios años López retuvo de forma ilegal el Impuesto a la Transferencia de Combustibles que abona cada consumidor de nafta y que la estación de servicio que la vende está obligada a girar luego a la Afip. Una pregunta clave es cómo el organismo nacional no detectó ni denunció la maniobra. ¿Se puede cometer un fraude por semejante cifra a lo largo de varios años sin contar con algún grado de complicidad de los funcionarios? El titular de ese organismo durante gran parte del kirchnerismo fue Ricardo Echegaray, quien desde la asunción de Mauricio Macri está al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este nombramiento se hizo a pedido del justicialismo, para cumplir con el precepto constitucional que reserva la conducción de la AGN a un representante de la oposición. Quien impulsó su candidatura fue Cristina Fernández. Otra pregunta central es qué relación hay entre el fraude al Estado y el crecimiento del grupo empresarial comandado por López. La investigación aporta elementos que sugieren que los dineros presuntamente birlados al fisco fueron utilizados para la compra de diarios, radios, canales de televisión y productoras de contenidos, entre otros negocios. Por último, y a la luz del recientemente anunciado desmembramiento del Grupo Indalo –nombre con el cual López aglutinó sus inversiones–, es necesario determinar si la abrupta separación de sus socios no apunta a una inminente declaratoria de quiebra que le haga imposible al Estado cobrar el increíble monto del fraude. La discrecionalidad con que el kirchnerismo manejó la cosa pública no fue producto de falta de experiencia, sino el modus operandi que se reitera en cada caso de corrupción que el periodismo, dirigentes políticos y actores civiles han denunciado casi desde el inicio de los 12 años de esa administración. Tanto López como Echegaray y Cristina Fernández fueron denunciados anteayer en Tribunales federales. Ahora, la Justicia tiene la última palabra. Es imprescindible que actúe con celeridad y profundidad en la investigación.