Una concertación bien entendida

En su extenso mensaje ante el Congreso, la presidenta Cristina Fernández concluyó con una amplia convocatoria a la concertación política y de las fuerzas productivas para el desarrollo de la Argentina.

El llamado resulta contradictorio, pues durante el año legislativo las propuestas de la oposición no son debatidas ni sus ponencias incorporadas a los textos que envía el Poder Ejecutivo.

El ejemplo más resonante en este caso fue el mal denominado proyecto de democratización de la Justicia, que pretendía el sometimiento de los magistrados. Esa iniciativa fue luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, como los bloques opositores habían advertido e intentado corregir en sus propuestas.

La concertación no se condice con las conductas agresivas de los jóvenes militantes que rodean a la Presidenta, quienes no dudan en insultar a opositores en el propio recinto legislativo o en los debates en comisión.

La concertación tampoco es uno de los valores que distingan a las fuerzas sociales alentadas por el entorno presidencial y subsidiadas por el Gobierno. Han dado demasiadas muestras de intolerancia, ya sea en sus protestas callejeras o en sus manifestaciones verbales.

Un dirigentes de estos grupos llegó a pedir –de modo inaceptable– el fusilamiento de un dirigente opositor en Venezuela por el simple hecho de reclamar contra la dura represión a las protestas estudiantiles.

El reclamo de Cristina Fernández para sostener la democracia venezolana, ante lo que calificó como un “intento de golpe suave”, debería incluir el respeto a las manifestaciones democráticas en la Argentina, que están ligadas al funcionamiento independiente de la Justicia, al no hostigamiento hacia los medios de comunicación independiente y al respeto de la pluralidad de voces, incluso en materia económica.

El llamado a la concertación no se compadece, por otra parte, con el ataque sistemático que la Presidenta descarga sobre grupos empresariales y supuestos monopolios que, según denuncia, les “roban” a asalariados y a jubilados sus ingresos con el aumento desmedido en los alimentos.

Esa definición esconde la irresponsabilidad del Gobierno al alimentar una inflación que la mayoría de los sectores productivos o empresariales no alienta, ya que genera desequilibrios que podrían destruir sus propios negocios.

El discurso de 165 minutos del sábado último eludió hablar de las preocupaciones concretas de la sociedad, como la suba de precios y la inseguridad. Mal entonces puede formularse una convocatoria a respaldar un modelo económico y social que ignora, en sus definiciones básicas, los principales problemas de los ciudadanos.

El llamado a una concertación requiere un mensaje sincero y abierto a escuchar voces y reclamos disidentes.