Respuesta insuficiente

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre pobreza e indigencia son alarmantes.

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Si bien disminuyó el número de argentinos que no puede adquirir una canasta básica de alimentos, bienes y servicios, la pobreza aún afectaba –a fines de 2016– al 30,3 por ciento de la población urbana, calculada en 27 millones de personas. Si se extrapola a todo el país, más de 13 millones se hallan en emergencia social. La indigencia es aún más preocupante. El 6,1 por ciento de la población no puede comprar una canasta mínima de alimentos. De cada cinco pobres, uno cayó en la miseria.

La coyuntura es más grave en el Gran Córdoba, aglomerado que integran la ciudad capital, Villa Allende y Saldán, donde la pobreza afecta al 40,5 por ciento de sus habitantes. Esta realidad es sólo superada por los aglomerados de Santiago del Estero-La Banda y Concordia, Entre Ríos.

La emergencia no concluye allí, pues la indigencia golpea al 10,8 por ciento de los residentes en el Gran Córdoba, el indicador más alto del país. Uno de cada cuatro pobres no come lo suficiente para subsistir en esta área.

El aglomerado Gran Córdoba exhibe una decadencia superior a los datos de la región pampeana y del Gran Rosario, el núcleo poblacional con el que se suelen comparar los indicadores cordobeses. La pobreza afecta allí al 27 por ciento.

Más allá de un posible desvío censal, lo cierto es que existen condiciones objetivas que agravan el cuadro social. La caída de la producción de las terminales automotrices golpeó a los proveedores autopartistas y al cordón industrial cordobés.

La suba salarial por debajo de la inflación y la pérdida de puestos de trabajo redujeron el poder de compra de las familias y también afectaron al trabajo informal.

La diversidad de programas que puso en marcha el Gobierno de Córdoba para atender el primer empleo de los jóvenes, los hogares cuna de las mujeres que trabajan y otras líneas asistenciales resultaron insuficientes para esta emergencia social.

Reducir la pobreza y la indigencia a límites mínimos es una tarea que debe involucrar a los diferentes estamentos oficiales, en una acción conjunta y multidisciplinaria.

Quizá sea este el principal error que cometieron las distintas administraciones, el de no haber constituido un consejo nacional para acometer un combate frontal contra la pobreza.

Condiciones laborales dignas, menor presión tributaria, servicios públicos eficientes, capacitación y nuevas aptitudes de los desocupados, mejora de la educación, atención de la salud de niños y jóvenes, forman parte de un largo listado de desafíos.

Este es el único camino para derrotar en forma definitiva a la pobreza.