¿Por qué esos privilegios?

Si los sueldos del Poder Legislativo estaban muy retrasados respecto de los del Poder Ejecutivo, si los diputados y senadores nacionales ganaban la mitad o casi la mitad que los ministros y funcionarios de la administración pública –que ocupan cargos de una responsabilidad equivalente–, resultaba lógica y justa una equiparación salarial, por aquello de “a igual trabajo, igual remuneración”.

Sucede que el tema no fue objeto de debate alguno y los legisladores dicen haberse enterado de que les habían aumentado las dietas en un 100 por ciento, es decir elevándolas al doble (en realidad, el aumento llegaría al 150 por ciento), recién cuando recibieron sus recibos de sueldo.

Tiempo atrás, los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, Amado Boudou en el Senado y Julián Domínguez en Diputados, decidieron aumentar en un 45 por ciento el presupuesto del Congreso respecto del año pasado, cifra que incluía las dietas y los gastos por desarraigo y pasajes aéreos de los legisladores del interior.

Lo que no resulta lógico son los porcentuales y montos de los aumentos acordados, que llevan a 35 mil pesos el sueldo de un legislador, más cuatro mil pesos por desarraigo y 20 pasajes aéreos de 552 pesos, estos dos últimos rubros para los del interior, como queda dicho.

La cuestión central no es la cifra final de la dieta y otros ingresos –aun cuando no son muchos quienes hoy ganan 35 mil pesos por mes en el país–, sino que este incremento es anunciado justo cuando la población es sometida a fuertes subas de impuestos y tarifas para sostener un aparato estatal en déficit.

Hace pocos días, la Presidenta de la República anunció un aumento para los jubilados nacionales que eleva el haber mínimo a poco más de 1.700 pesos y el haber promedio a menos de 4.500 pesos. Poco más suele ser el sueldo promedio de profesores universitarios, investigadores, médicos y demás profesionales de la salud y trabajadores calificados de empresas privadas.

Esto es lo que irrita, lo que no se entiende, lo que aparece como injusto e inequitativo. Con un añadido, por cierto muy grave: que ante los jóvenes, hacer carrera en el Estado es la oportunidad más preciada, la que garantiza más estabilidad y mejores sueldos, en desmedro de las actividades productivas, las que tienen que ver con el trabajo creador y la generación de riquezas.

Como ya sabemos, por este sinuoso camino no se va a ningún lado o –lo que es peor– se puede terminar en grandes crisis y colapsos financieros, que obligan a inevitables y muy rigurosos ajustes, como lo muestran innumerables ejemplos del mundo actual.

Es por ello que no se pueden dejar pasar estas cosas como si fueran hechos naturales.

La injusticia, la inequidad y los privilegios suelen alimentar un fuego que, a la larga, es difícil de controlar.