Primero, la información

Todo debate es sano para la salud de la República, golpeada por las actitudes intolerantes y de amenazas de todo tipo, hasta por las horarias declaraciones de dos calificados miembros del gabinete nacional a través de la red social Twitter.

Por eso, no debe extrañar ni molestar que la clase política de Córdoba haya dedicado las últimas jornadas a polemizar sobre los acuerdos que el Gobierno provincial firmará hoy con su par nacional, en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias y por los juicios entablados por la Caja de Jubilaciones contra el Estado federal. Es sano el debate sobre los alcances de los convenios y sobre el destino final del dinero que recibirá Córdoba.

Lo que no puede entenderse es que el gobernador Juan Schiaretti y sus principales funcionarios hayan acudido a las declaraciones y trascendidos periodísticos para dar a conocer los alcances de lo que firmará hoy con la presidenta Cristina Fernández y con el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, por lo que se entiende que el acuerdo ya está cerrado, incluso inicializado. Informar a la opinión pública es su principal compromiso y su primer deber.

No existe ningún comunicado oficial del Gobierno de Córdoba sobre el tema; apenas dos gacetillas de prensa que dan cuenta de su actividad en la localidad de Serrano y ayer, en esta Capital, donde el gobernador realizó sendas apreciaciones sobre la cuestión. No hay, por parte de las autoridades provinciales, un informe oficial sobre en qué consiste la adhesión al Programa de Desendeudamiento y cuáles son las razones para desistir de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia. En esos planteos, la Caja de Jubilaciones reclamó 1.220 millones de pesos y ahora se apresta a recibir 721,9 millones.

El gobernador Schiaretti convocó en su momento a los principales partidos para que lo acompañaran -y así lo hicieron- en su reclamo ante la Corte, al entender que se trataba de una cuestión de Estado, por encima de su gestión, y que estaban en juego -dijo- "los derechos de Córdoba". Ahora, faltó a ese compromiso al no dar cuenta pública a quienes lo respaldaron.

Además, como ya hemos señalado en un editorial anterior, al reclamar prudencia a la hora de nuevos endeudamientos, tampoco existe información oficial sobre la colocación de la segunda serie del título Boncor 2017, cuya emisión habría alcanzado 400 millones de dólares. También hubo en este tema trascendidos periodísticos, pero no una información oficial detallada sobre la colocación, plazo, tasa de interés y comisiones pagadas a las entidades colocadoras.

El primer deber de una sana administración es hacer públicas sus cuentas y todas las informaciones vinculadas con los hechos oficiales; más aun en este caso, que compromete a las futuras gestiones de Gobierno.