Prácticas inadmisibles

La política y la función pública avanzan cruzadas por las sospechas de conductas reñidas con la legalidad y la transparencia, en un escenario proselitista anticipado que agita los ánimos de cara a las urnas del próximo año. Es un fenómeno extendido y que encuentra a la sociedad turbada por el módico papel que juegan sus representantes en la administración pública. La crónica diaria cordobesa acaba de desnudar otra faceta preocupante en ese sentido, a partir de un episodio turbio que desató un vendaval político de final impredecible.Se trata del video que un abogado subió a Internet, en el que se ve a un ejecutivo de la empresa Kolektor, Herman Karsten, en momentos en que al parecer ofrece dinero al conductor del programa televisivo ADN, Tomás Méndez, para que morigere las críticas al gobierno de José Manuel de la Sota y ataque a la oposición, utilizando información brindada por el propio Estado.Kolektor es una empresa de fuertes vínculos comerciales con el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Como concesionaria, realiza las tareas de administración tributaria y cobro de impuestos y moras, además de asesorar al Ministerio de Finanzas. Sobre la base de esas y otras conexiones, tienen verosimilitud presuntas maniobras de la más baja calaña, como intentos de sobornos, complot para desarticular a la oposición o intercambios de influencias a cambio de retribuciones económicas con dineros públicos.A partir de la denuncia que presentaron referentes del arco opositor en la Legislatura de la Provincia, es de esperar que se abra una investigación en profundidad de parte de la Justicia.El escándalo sacude a la opinión pública y por ello merece una averiguación perentoria y exhaustiva en los Tribunales, donde todos los actores de este complejo y enmarañado episodio deben ser investigados por igual.Nadie debe pretender sacar réditos electorales de un asunto tan delicado; pero tampoco el Gobierno de Córdoba puede mostrarse indiferente o pretender minimizar el caso, a sabiendas de que puede llegar a salpicar de lleno a empinados personajes ligados al poder provincial.La campaña electoral se anticipó más allá de las reglas establecidas en el calendario y es habitual que alumbren las peores prácticas de la política; pero en el medio queda una sociedad aturdida, que merece explicaciones precisas. Los gestos conspirativos seguirán su cauce hasta que haya pasado el fragor de los aún lejanos comicios para renovar autoridades en todos sus niveles.Urge dilucidar la trama del referido video para enjuiciar o preservar el honor de todos los que han participado de modo directo o indirecto en esa cámara oculta, o son mencionados en ella.El rol de pesquisa le toca a la Justicia. Una buena razón para que algunos jueces actúen con valentía y celeridad y se saquen de encima el viejo estigma de ser permeables al poder.