Los problemas del Pami
Los gastos, el exceso de empleados y la baja calidad de servicios han convertido a la obra social de los jubilados en un problema, más que en una solución, para los argentinos de tercera edad.
Unos seis millones de jubilados en la Argentina saben lo que es vivir con lo justo, apelando –los que pueden hacerlo– a la asistencia familiar para llegar a fin de mes, en el marco de una inflación que devora sus magros ingresos.
De ellos, unos cuatro millones y medio requieren las prestaciones del Pami, organismo creado en 1971 como Programa de Asistencia Médica Integral y que unas largas cuatro décadas más tarde sigue siendo el foco de manejos nada transparentes y dispendio de fondos públicos.
Allanada en estos días su sede central por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien investiga los préstamos multimillonarios que la obra social de los jubilados le hizo al Gobierno nacional, el organismo ha servido desde siempre para transacciones de esas que convierten a la política vernácula en un lodazal: nombramientos de punteros a destajo, uso discrecional de sus recursos, funcionarios denunciados y procesados por desvíos de sus fondos y moneda de cambio entre oficialismo y oposición.
Luciano Di Cesare, director ejecutivo del organismo, no sólo se adjudicó un salario de 100 mil pesos mensuales. Ingresó, además, a seis mil empleados nuevos, con lo que la planta del organismo supera las 20 mil almas, número inversamente proporcional a la eficiencia demostrada a septuagenarios que deben esperar un mes por la autorización para un tratamiento o una intervención quirúrgica. Mientras, se cedieron al Gobierno no menos de tres mil millones de pesos en letras de tesorería.
Las 650 oficinas repartidas en el país y un presupuesto de 45 mil millones de pesos no alcanzan para explicar la caída en la calidad y cantidad de las prestaciones al sector más vulnerable de la sociedad, todo ello envuelto en el trillado recurso de las mejoras jubilatorias que se repite puntualmente dos veces al año. Y sin mencionar a los siete “hospitales del Bicentenario” que anunció la Presidenta y que aún no fueron terminados, pese a su costo astronómico.
Atrás quedaron los años del menemismo, con intervenciones sucesivas que hicieron notorios los nombres de Carlos Alderete y su sucesor Víctor Alderete, entre otros no menos conspicuos, emblemas de una corrupción alegremente celebrada, aun cuando sólo cambiaron los nombres pero no las prácticas. El personal denuncia hoy el vaciamiento del Pami, convertido en una de las numerosas cajas políticas utilizadas desde 2003 hasta la fecha.
Que los jubilados sean financistas del Tesoro a través del Pami y la Anses no debería sorprender a nadie: alguna vez, un ya anciano Juan Domingo Perón reconoció que el mayor de los errores de gestión por él cometidos había sido la apropiación de los fondos del sistema jubilatorio. Queda claro que sus herederos saben imitar sus yerros, pero no su autocrítica.
