Editorial Violencia sexual: el desafío de construir otras Fuerzas de Seguridad
Un informe preocupante –en el que Córdoba encabeza las estadísticas nacionales– obliga a profundizar las políticas de prevención, capacitación y protección, para avanzar hacia una fuerza que destierre y penalice cualquier tipo de abuso.
Las revelaciones contenidas en el último informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) no pueden pasar inadvertidas.
El documento, elaborado a partir de los casos atendidos entre 2014 y 2024, expone una realidad preocupante dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas: la persistencia de situaciones de violencia sexual, abuso de autoridad y hostigamiento que afectan, en particular, a las mujeres que integran esas instituciones.
Córdoba aparece como la jurisdicción con mayor cantidad de casos relevados en el país, con 17 situaciones registradas, seguida por la ciudad de Buenos Aires, con 15.
El informe analiza 70 solicitudes de intervención, que involucran a 53 agresores.
También muestra que la mayor concentración de denuncias corresponde a la Gendarmería Nacional y al Ejército, dos instituciones fundamentales para la defensa y la seguridad del Estado.
Las cifras revelan, además, patrones que merecen una reflexión profunda. En 69 de los 70 casos atendidos, las víctimas fueron mujeres cisgénero. En 63 situaciones, el agresor ocupaba una posición de superioridad jerárquica respecto de la persona afectada.
Esta circunstancia no sólo agrava la conducta denunciada, sino que también evidencia cómo determinadas estructuras de poder pueden convertirse en ámbitos propicios para el abuso cuando faltan controles eficaces, mecanismos de protección y una cultura institucional basada en el respeto.
Asimismo, el informe describe consecuencias graves para las víctimas. Muchas de ellas sufrieron cuadros de angustia, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.
En 25 oportunidades, las denuncias derivaron en la apertura de carpetas médicas o psiquiátricas. En algunos casos, las mujeres terminaron apartadas de sus funciones habituales o trasladadas a destinos considerados desfavorables.
Lejos de recibir protección, varias quedaron expuestas a estigmatizaciones y represalias que profundizaron el daño sufrido.
Particular preocupación genera la escasa proporción de agresores que enfrentaron consecuencias administrativas o laborales. De las 53 personas señaladas en las actuaciones, apenas siete fueron dadas de baja o pasadas a retiro.
Sólo una fue detenida y otra trasladada a una dependencia diferente. En otras palabras, apenas 17 por ciento recibió algún tipo de sanción.
Es cierto que la violencia de género y los abusos de poder no son fenómenos exclusivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Son problemas presentes en distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, esto no puede servir como excusa ni atenuante.
Por el contrario, instituciones que tienen a su cargo funciones tan sensibles como la defensa nacional, la seguridad pública y la protección de la ciudadanía deben constituirse en ejemplos de integridad, disciplina y respeto.
Por esa razón, es indispensable profundizar las políticas de capacitación, prevención y sensibilización en materia de género, convivencia y resolución de conflictos. También corresponde fortalecer los canales de denuncia, garantizar acompañamiento profesional para las víctimas y asegurar investigaciones rápidas, imparciales y efectivas.
Ningún abuso debe quedar impune ni ser relativizado por la posición jerárquica de quien lo comete.
