Las fotomultas de la discordia

El tema de las fotomultas que varios municipios del interior de Córdoba aplican en las rutas se ha prestado a controversias entre el Gobierno provincial y los intendentes y dio lugar a reclamos de particulares afectados y a la intervención de un fiscal, que ordenó secuestrar documentación y las cámaras de filmación de la comuna de Estación General Paz. Quiere decir que el caso superó los límites de una discusión administrativa o jurisdiccional y se ha judicializado.

En varios tribunales del interior hay denuncias presentadas por personas que sienten lesionados sus derechos y afirman que jamás les hicieron boletas de la supuesta infracción cometida e, incluso, que no pasaron por el lugar en el día y a la hora indicados en la fotomulta.

Una primera cuestión es, por lo tanto, si el procedimiento es legal, ya que no se le entregaba al supuesto infractor la boleta correspondiente inmediatamente después de cometida la supuesta contravención. Ahora existe una decisión para que este paso se cumpla.

Pero, por cierto, es un argumento discutible, ya que hay infractores que se fugan -sobre todo en casos de accidentes de tránsito- y que en varias ocasiones rehusan ser identificados. Se entiende que una cámara filmadora como las que se usan en las rutas no sólo puede identificar vehículos y sus correspondientes números de patente, sino también si hubo exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo, adelantamientos indebidos por la vía contraria u otro tipo de infracciones. Pero hay veces que el sistema no funciona o lo hace de modo defectuoso; de ahí la cantidad de denuncias o reclamos presentados en las comisarías o juzgados. La fotomulta no es, al menos en algunos o muchos casos, una prueba consistente.

Este es sólo un aspecto de un problema mucho más complejo, que incluye también cuestiones de competencia o jurisdiccionales.

En efecto, mientras varios municipios revindican su autonomía para regular el tránsito vehicular en las rutas e imponer sanciones a los infractores, la Provincia sostiene que debe haber un criterio uniforme y concordante con las leyes y reglamentaciones en vigencia. Sobre el particular, ya hay un principio de acuerdo entre el Gobierno provincial y los intendentes, aunque la controversia sigue y será el Tribunal Superior de Justicia el que tenga la última palabra.

Sucede, además, que hay cuestiones sospechosas, como que empresas y estudios jurídicos -algunos radicados en la Capital Federal- están involucrados en este negocio redituable.

La prioridad es la seguridad de las personas y que los gobiernos de la Provincia y de los municipios y comunas consensúen mecanismos de control, que -con el uso de nuevas tecnologías- permitan educar y sancionar a los infractores, sin alentar negocios de ninguna naturaleza.