La salud pública como prioridad

El sistema de atención en los hospitales públicos es objeto de críticas recurrentes por parte de cientos de pacientes que –en su mayoría de bajos recursos económicos y carentes de obra social– acuden a ese servicio esencial. El cuadro de dificultades se agrava con los conflictos que ponen en acción los propios profesionales de la salud, en protesta por el estado edilicio de algunos hospitales de la provincia de Córdoba o por la falta de insumos y medicamentos. En este marco de carencias, cobran vigor las denuncias de sectores políticos y sociales por la deficiente atención en el ámbito de la salud mental, en muchos casos reflejada al cabo de informes de distinto origen que dan cuenta del estado deplorable de algunos hospitales.Días atrás, la controversia se focalizó en el hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de Córdoba (dependiente de la Provincia), por el faltante de insumos elementales.Los profesionales de ese centro asistencial denuncian que, a raíz del déficit en materia de fármacos, pacientes que se encontraban estabilizados desde hace 10 años con tratamiento ambulatorio sufrieron descompensaciones psicóticas y tuvieron que ser nuevamente internados.Si bien desde el Gobierno el ministro de Salud, Francisco Fortuna, relativizó la gravedad del caso, admitió que desde comienzos de este año hubo modificaciones en el sistema de compras y de organización. En ese sentido, las direcciones de los hospitales deben realizar sus pedidos cada 15 días, para recibir los insumos en forma semanal.Es cierto que toda ingeniería burocrática del Estado es enrevesada y casi nunca obedece a las demandas de inmediatez de la población, pero la atención de la salud merece políticas sustentables que estén a salvo de las interferencias y demoras que suponen los mecanismos de compras públicas.El diagnóstico no es alentador: "Si los pacientes no tienen regularidad en el tratamiento, se descompensan y sufren crisis. A veces no tenemos ni con qué reemplazar los fármacos habituales, lo cual no es lo indicado en estas patologías", advierte el psiquiatra Gastón Vacchioni.El Estado no puede desentenderse de la atención de las personas que sufren trastornos mentales, ya sea en el proceso de tratamiento ambulatorio o en el de internación. De la misma forma, sería contraproducente que estas demandas que elevan los trabajadores de la salud –a todas luces atendibles– queden enredadas en viejas disputas no zanjadas en el marco de la actividad sindical.La atención de la salud colectiva es un derecho universal que no puede ser vulnerado desde ningún concepto, más aún cuando está en riesgo el destino de pacientes de escasos recursos.