La Justicia apartada

La Sala uno de la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –en un fallo dividido– dio curso al pedido de los familiares de la presidenta Cristina Fernández y apartó al juez Claudio Bonadio de la causa por presuntas irregularidades en la empresa Hotesur SA. Esta compañía tiene como accionistas a la jefa del Estado y a sus principales vínculos familiares, y es la encargada de administrar los complejos hoteleros instalados en el sur argentino.Había sido denunciada por la inexistencia de un domicilio real para sus operaciones y otros trámites de menor importancia legal, vinculados a la conformación de las sociedades jurídicas. Sin embargo, en el curso de la investigación se detectaron presuntas maniobras de lavado de dinero, pues los complejos se alquilaron, por caso, al empresario Lázaro Báez por cifras millonarias, pero sus habitaciones nunca fueron ocupadas.La Cámara Federal desplazó al juez al entender que el allanamiento de las oficinas de Máximo Kirchner se realizó por parte de peritos de la Corte Suprema de Justicia sin la notificación y el ejercicio de derecho de defensa de los implicados en las maniobras.La investigación estará ahora a cargo del juez Daniel Rafecas, quien –con una llamativa morosidad– lleva adelante desde hace dos años y medio otra causa contra Lázaro Báez, también por presunto lavado de dinero.Estos hechos ponen en evidencia el accionar de un sector de la Justicia Federal en favor de las posiciones y posesiones de la Presidenta, quien en su momento también logró un fallo exprés de absolución por parte del juez Norberto Oyarbide ante denuncias de enriquecimiento ilícito.Lo que en realidad corresponde es que la familia de la Presidenta y ella misma ofrezcan a la Justicia todos los elementos que certifiquen la transparencia y legalidad de sus negocios. Nada más alejado de esa actitud que las continuas dilaciones y trabas que efectuaron para que esta investigación no avanzara.El coro de defensores públicos que tiene Cristina Fernández insistió hasta el hartazgo sobre las presuntas intenciones políticas del juez Bonadio, sin demandar –por contrapartida– una explicación clara sobre los millonarios movimientos de dinero de Hotesur SA.Como sucede en los países con los que le gusta compararse a la jefa de Estado, una denuncia contra el patrimonio presidencial y el de su familia se caracteriza por la profundidad en la investigación. El injustificable apartamiento de la Justicia en investigaciones esenciales para detectar la corrupción en ámbitos oficiales genera una sensación de impunidad que impacta, luego, en el orden social y alienta la transgresión.El próximo Gobierno deberá combatir la actual contaminación política de la Justicia, poder insustituible si se pretende construir una democracia para todos.