La barbarie incontrolada

La degradación de la escena pública en la Argentina parece no tener límites. Se usan el lenguaje y los gestos para agredir, denostar y menoscabar al prójimo. Ahora, se suman hechos de violencia en manifestaciones gremiales o políticas, sin que ninguna autoridad intente controlarlos y castigarlos. Los últimos episodios vividos en el sector sindical son un claro testimonio de esa barbarie verbal y física. Quizá el antecedente más grave sea la muerte de un militante del Partido Obrero, cuando esta agrupación pedía elecciones libres en el gremio ferroviario. El asesinato del joven Mariano Ferreyra fue juzgado y la condena recayó en diversos autores, entre ellos el titular del sindicato, José Pedraza, como uno de los responsables ideológicos del accionar de la patota sindical.En cambio, aún no fueron sometidos a juicio los autores de los recientes hechos de violencia en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), pese a que varias disputas territoriales fueron resueltas a los tiros. En el último episodio, en Florencio Varela, murió una persona, en tanto otras dos resultaron heridas. El gremio de la construcción suele ser elogiado en los actos oficiales del Gobierno nacional por su contribución a la paz social y al crecimiento económico.Finalmente, el episodio protagonizado por manifestantes que se identificaban con carteles del sindicato portuario es otro episodio que dispara distintas lecturas. Durante la protesta, un joven, junto a su mujer embarazada y necesitada de atención médica, intentó atravesar con su moto el piquete. Allí fue agredido por los manifestantes y arrojado desde el puente, sin piedad, pese a que el joven tenía una pierna ortopédica.Lo curioso es que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, defendió la inoperancia de sus subordinados diciendo que la víctima "no efectuó la denuncia policial", aun cuando efectivos que controlaban la protesta se encontraban a pocos metros del incidente. El titular del gremio portuario, Juan Corvalán, quien había amenazado con renunciar por la brutal agresión, declinó su actitud y dijo que "la marcha había sido infiltrada". Esta insólita declaración se sucedió a una anterior, en la que había reconocido que el sindicato contrató a piqueteros para controlar la manifestación.La Justicia y las autoridades nacionales permanecen impávidas ante manifestaciones gremiales que afectan la vida en sociedad y se resuelven con graves episodios de violencia. Es una repetición de lo que sucede con los violentos en el fútbol, que suelen ser la fuerza de choque de sindicatos y partidos políticos en sus actos.El Estado, en primer lugar, y la Justicia, como el poder que debe hacer cumplir la ley, tienen la obligación de detener esta ola de violencia que está generando condiciones insoportables para los ciudadanos. Lo contrario es un camino inexorable a la desintegración social.