Inédita acusación que sacude al poder

La denuncia del fiscal Alberto Nisman, contra la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman, conlleva una gravedad institucional sin precedentes, lo que amerita una investigación perentoria, eficaz y sin interferencia de ninguna naturaleza. Desde la política, asimismo, las fuerzas oficialistas y opositoras tendrán que ajustarse a esos parámetros de conducta y no intentar sacar provechos espurios de una situación que ha vuelto a hundir en el desconcierto a los familiares de los 85 muertos que dejó el ataque terrorista de julio de 1984 a la mutual judía.No hay antecedentes en el país de un presidente en ejercicio acusado de un delito tan grave, lo que explica el impacto público que ha tenido la denuncia.Como titular de la Unidad Especial de Investigaciones del Atentado a la Amia, Nisman acusó a la Presidenta y a su ministro de Relaciones Exteriores de haber operado desde el submundo pesado del espionaje para encubrir a líderes iraníes con pedido de captura internacional como presuntos autores del atentado.Esta intención de "fabricar inocencia" (como advierte el fiscal) involucra, además, a otros personajes marginales de pública afinidad con los grupos fundamentalistas en cuestión, como el piquetero kirchnerista Luis D'Elía y el dirigente del grupo Quebracho Fernando Esteche. No se trata de razones cándidas como para soslayar la gravedad de la acusación: Nisman asegura haber desbaratado (en base a escuchas telefónicas de vieja data) una "confabulación criminal" ordenada por la propia mandataria y su canciller tendiente al salvataje judicial de los funcionarios iraníes acusados por la voladura del edifico de la Amia. Las razones de esos enjuagues también han sido expuestas: inocencia a cambio de tratados comerciales bilaterales que contemplaban la compra de petróleo y la venta de granos a Irán.Ahora bien: el tema estalló en la política y en los medios más que en la Justicia, en un año marcado por el calendario electoral.Nisman concurrirá mañana al Congreso para intentar reafirmar la veracidad de sus acusaciones, en el marco de una reunión convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.Sin embargo, no son buenos los augurios sobre la convivencia pacífica que debería imperar en esa reunión. La diputada Diana Conti ya anticipó que sus colegas K concurrirán con "los tapones de punta" para interpelar al fiscal.Ese debate debe contribuir a esclarecer los hechos antes que convertirse en una gresca.La sociedad espera una respuesta para un caso todavía impune y que pone bajo sospecha a la propia Presidenta, quien, en rara coincidencia, tuvo gestos escasos de solidaridad con el pueblo francés, abatido días atrás por los ataques de la misma calaña terrorista.