Estrategia electoral y dinero público

Las elecciones legislativas nacionales convocadas para el 27 de octubre próximo plantean un escenario de estrategias y componendas políticas. Su resultado será clave para la suerte del oficialismo en su intención de poner en el centro del debate una reforma constitucional que habilite la posibilidad de re-reelección de la presidenta Cristina Fernández en 2015. En esta elección de medio término se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En la provincia de Córdoba sólo se votará para elegir nueve diputados, ya que los actuales tres senadores tienen mandato hasta diciembre de 2015.En función de la pretensión de eliminar el obstáculo constitucional que impide a la Presidenta aspirar a una tercera elección consecutiva, el oficialismo desplegará no sólo su capacidad negociadora; también seduce voluntades con millonarias partidas de fondos públicos que se pierden en nombre de los oscuros e incontrolables "gastos de campaña".El kirchnerismo ha tomado esta contienda como una suerte de plebiscito sobre la gestión de Cristina Fernández, pero evalúa que será crucial obtener un caudal de votos superior al 45 por ciento que le garantice la mayoría parlamentaria para la discutida reforma de la Carta Magna.El primer obstáculo a salvar por los kirchneristas tiene que ver con que en 13 provincias se elegirán, además, cargos legislativos y ejecutivos locales. Desde la Casa Rosada ya han enviado señales y sugerencias a los mandatarios de esos distritos para que unifiquen sus comicios con los de octubre y focalicen las campañas en garantizar un triunfo del Frente para la Victoria en la franja de diputados y senadores nacionales. Nada se hace a cambio de nada y otra vez queda bajo sospecha el movimiento de dineros públicos volcados a la propaganda proselitista.Hay dos factores en discusión y que tendrían que ser revisados: la obstinada tarea del kirchnerismo duro dirigida a violentar la letra de la Constitución Nacional en nombre de un anhelo de perpetuidad, y la distribución de fondos del Estado de manera discrecional y sin control. No hacen bien a la salud de la democracia estos comportamientos dirigidos a la suma del poder absoluto. Los ejecutores de esas malas prácticas (que no conocen de fronteras partidarias) no trepidan en comprar voluntades a cualquier precio y son los responsables de agigantar uno de los mayores flagelos de la política: el clientelismo. Además, el proceso electoral en ciernes, que tendrá que pasar en agosto por las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, se da en un contexto de fuerte crisis social y económica. No es casual que por esta cuestión, entre otras, la imagen de la Presidenta que aspira a su re-reelección haya caído de manera significativa.