Los escándalos de Boudou

El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ha vuelto a ser noticia por un episodio de dudosa transparencia administrativa, en el que está bajo sospecha la utilización de dineros públicos. Una investigación periodística dio cuenta de que Boudou gastó casi 100 mil pesos en muebles de alta gama destinados a renovar su despacho en el Senado.

La singular inversión roza los límites del escándalo, en función de que el vicepresidente echó manos a fondos del Senado que, según la normativa vigente, sólo pueden ser “utilizados en situaciones de emergencia o debidamente fundadas”. En una muestra acabada de su ilimitada utilización del poder, Boudou prefirió importar parte de ese costoso mobiliario antes que intentar una cotización con proveedores locales.

Sin embargo, cuando estalló la noticia, el funcionario eligió las reacciones desafiantes contra la prensa e intentó desvirtuar las acusaciones por su ostentoso nivel de vida financiado con plata del Estado. Hay sobrados antecedentes de los extravagantes gastos que ha producido este dirigente en viajes al exterior y de cabotaje acompañado de numerosas comitivas, entre ellas, la de una dotación de 15 custodios.

La misma información periodística revela que en unos 50 viajes al interior del país, el vice gastó 1.870.126 pesos sólo en viáticos para sus acompañantes.

Boudou ya había quedado envuelto en el caso de la eximprenta Ciccone, del cual continúa indemne en la Justicia pese a la avalancha de pruebas que hay en su contra y de un empresario sindicado como su presunto testaferro.

Con la compra de costosos muebles para su despacho, el vicepresidente suma ahora otro capítulo a su controvertido desempeño como segunda autoridad política del país.

Resulta tan grave como incomprensible, a esta altura de las circunstancias, que la presidenta Cristina Fernández se empecine en proteger a ultranza a uno de los personajes más cuestionados del Gobierno, a quien, sin consultar a nadie, ella misma eligió como compañero de fórmula en las elecciones de 2011 que le dieron un nuevo mandato en la Casa Rosada.

Desde lo más alto del poder del Estado se tendría que dar una señal clara de transparencia frente a las recurrentes denuncias por hechos de corrupción en la administración del país. Denuncias que no sólo son originadas en investigaciones de los medios de comunicación, sino también en referentes de instituciones que tienen una alta consideración pública, como son los obispos de la Iglesia Católica.

En un país que aspira a ser previsible, tendría que ser la propia Presidenta la que encabezara esa cruzada tendiente a dar transparencia a los actos de gobierno. También es responsabilidad de la Justicia que casos como el de Boudou no duerman el sueño eterno en tribunales.