El precio de la democracia

Quienes aspiran a la presidencia de la Nación deberán invertir en la próxima campaña electoral unos 500 millones de pesos, como mínimo, pero quienes tengan las mayores chances de ganar deberán recaudar unos mil millones de pesos. Esas son las cifras aproximadas que arroja una investigación del diario La Nación , de Buenos Aires, que duró unos tres meses de trabajo y recabó la opinión de unos 40 operadores políticos con experiencia en estas lides. Esas cantidades de dinero pueden calificarse, sin dudas, de obscenas, ya que son ofensivas, amén de ilegales, en tanto superan los montos establecidos por ley.Pero, como recuerda el diario porteño, la campaña presidencial de 1999 le costó a la Alianza unos 100 millones de dólares. Ese importe, multiplicado por 10, valor aproximado al precio del dólar para tenencia personal, se convierte en mil millones de pesos.La necesidad de recaudar semejante cantidad de dinero reduce los controles internos de los partidos o coaliciones. Cuanto más imprescindibles se tornan los fondos, menor importancia se presta a su origen.Por un lado, los oficialismos tienden a utilizar a su favor los presupuestos públicos, en una perversa confusión entre gobierno y Estado. Por el otro, oficialistas y opositores, en tanto, saben que luego deberán ingeniárselas para informar a la Justicia sobre un monto sustantivamente menor a lo gastado, no se detienen a analizar sobre la legalidad de origen de los fondos recibidos.Así y todo, actualmente hay dineros sospechados de ilegales en los aportes declarados, por ejemplo, por el Frente para la Victoria durante la campaña electoral de 2007, que provendrían de la "ruta de la efedrina", como hace poco lo recordó la diputada Elisa Carrió.En paralelo, cuanto más dinero fresco se necesita para sostener las campañas políticas, más aumenta la posibilidad de que se filtren en las listas aquellos candidatos que aseguren financiamiento, sea porque cuentan con una masa propia de aportantes, sea porque disponen de su propio dinero, sea porque compran un lugar determinado en las listas, que, entonces, pasan a tener un valor en pesos acorde con las posibilidades de ser elegido que se ofrece al comprador.De una u otra manera, se diluye la figura del político como servidor público, al mismo tiempo que se reafirma la sospecha de que la política se ha vuelto una turbia actividad y quien se dedica a ella busca acrecentar su poder para asegurarse una serie de prebendas.Por supuesto, el resultado de esta ecuación es que el ciudadano no cree en los candidatos y se pregunta sobre el sentido último de la democracia, una vez que su mecanismo básico –la elección popular– fue transformado en este festival de despilfarro. Los partidos políticos debieran ser conscientes de que este costo es inaceptable.