La educación y la salud, en foco

Los problemas de la salud y la educación públicas afectan tanto a niños y jóvenes como a personas mayores o ancianos, generalmente de escasos recursos. Hay dos noticias que aparecieron el mismo día en los medios de Córdoba: una dice que son pocos los chicos discapacitados integrados en colegios secundarios oficiales, nivel donde se registran los mayores índices de repitencia y abandono. La otra es la denuncia de cesación de pagos en internaciones domiciliarias, que perjudican a unas dos mil personas en la provincia de Córdoba, tanto de la ciudad capital como del interior.Los costos de salud, tanto de atención médica, internaciones y precios de los medicamentos, han aumentado de forma desmesurada en los últimos años. Superaron las estimaciones de la inflación real realizadas por empresas, sindicatos y consultoras privadas, pese a que estos no tienen en cuenta las siempre equívocas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Un claro ejemplo de esta distorsión es que mientras el Indec prevé una inflación anual del orden del nueve por ciento, en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se estableció un aumento salarial acorde con la evolución de la inflación real (25 por ciento). Claro que los beneficiarios sólo son los trabajadores formalizados, mientras que los informales (el 32 por ciento de la población laboralmente activa) padecen los innumerables inconvenientes de su situación irregular.Sin dudas, buena parte de los problemas de la crisis social argentina se teje en un mismo entramado, y siempre son los sectores más desfavorecidos los que llevan la peor parte, sobre todo en áreas como la salud y la educación.Respecto de la baja integración de jóvenes discapacitados en el nivel secundario, las cifras son claras: en Córdoba, más del 11 por ciento de niños y jóvenes hasta los 19 años tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales 7.350 concurren a escuelas especiales y unos 6.800, a escuelas comunes de todos los niveles.La tendencia es que vaya aumentando la integración en las escuelas comunes, pero el bajón se produce en el nivel secundario. Una mamá que es docente y tiene un hijo discapacitado dijo: "Si los padres no se mueven, los niños con alguna discapacidad terminan en una escuela especial, aunque ese no sea lugar adecuado". Pero es el Estado el que debe garantizar que los chicos discapacitados, salvo en los casos realmente graves, se integren y se desarrollen en las escuelas públicas.Lo mismo debe afirmarse de la cesación de pagos de internaciones domiciliarias. El titular del Pami en Córdoba dijo que los pagos a las prestadoras de ese servicio ya han comenzado a normalizarse, pero esa demora resulta inadmisible desde el punto de vista de la moral, la salud y la educación.