Descontrol de afiches y pintadas

Los operativos que se ponen en marcha para disminuir la proliferación de carteles y pintadas en lugares no autorizados de la ciudad de Córdoba chocan con la conducta desaprensiva de quienes se arrogan el derecho a ensuciar muros y edificios para difundir propaganda y consignas de diversa naturaleza. De manera particular, los espacios públicos y privados son agredidos por las pegatinas de afiches y pintadas que promocionan candidaturas políticas de cara al extenso cronograma electoral que se desarrollará durante este año.Sin embargo, también son objeto de la acción de grupos de vándalos que dejan la huella del aerosol como modo de protesta por algo que no les gusta o para reivindicar lo que les atañe sólo a ellos. Esto ha originado situaciones polémicas, como el reciente blanqueo de un mural de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que desde 2011 estaba pintado en Humberto Primero al 200, con la correspondiente autorización de la Municipalidad.El tema quedó saldado una vez que se supo que la empresa contratada por la Dirección de Higiene Urbana había incurrido en un error y el municipio pidió las disculpas del caso; pero es cierto también que se hace difícil para un operario distinguir entre lo autorizado y lo prohibido en medio del desorden imperante por la copiosa campaña de pintadas políticas.Ahora bien, las autoridades deben ajustar los controles y aplicar las sanciones que estipulan las ordenanzas respectivas; al mismo tiempo, urge una toma de conciencia de parte de los infractores que, de manera individual o grupal, insisten en pintar o desplegar afiches en lugares no habilitados.Por lo demás, resulta un contrasentido que muchos de los que violan estas normas de convivencia sean los mismos candidatos a ocupar cargos públicos y que, se supone, deben dar el ejemplo ante los vecinos a los que intentan seducir para que los voten.Las pegatinas indiscriminadas contribuyen a afear aún más una ciudad que, como Córdoba, sufre de vieja data una degradación recurrente que no se limita a los monumentos y sitios históricos que pretenden ser carta de presentación ante los turistas.La ordenanza 10.376 fija de manera taxativa los lineamientos respecto de la colocación de afiches y propaganda partidaria o sindical en los espacios públicos; y para ello hay multas de hasta 20 mil pesos. Es de esperar, entonces, que las actas labradas por los inspectores municipales sean ejecutadas sin exclusiones de ningún tipo.El fragor electoral que se anticipó a los tiempos legales promete nuevas indisciplinas sobre este asunto, por lo que todos los sectores involucrados deben poner una cuota de racionalidad a fin de que la ciudad de Córdoba luzca un poco más limpia.