Desbaratar a los "caranchos"
La gente no se debe dejar engañar por abogados desleales que en los hospitales, oficinas y en las cárceles ofrecen "servicios" que son estafas.
En el país existe desde hace mucho tiempo la llamada "industria del juicio", que se advierte en los más diversos niveles y actividades, desde la alta política hasta las transacciones económicas, comerciales, financieras o de cualquier otro tipo.
En algunos casos, esa "industria" es legal y, aunque su uso es abusivo, resulta difícil cuestionarla desde lo legal. Pero en otros es francamente ilegal o se instala en las arenas movedizas de la semilegalidad, además de constituir una falta de ética, castigada por las entidades profesionales.
A esta última categoría pertenecen los "correambulancias" o "caranchos", los "corremamelucos" y los "correpresos", según los distintos apodos que recibe, los cuales andan a la caza de víctimas de accidentes de tránsito que ingresan al Hospital de Urgencias u otros nosocomios; trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo u otros problemas laborales y que entran y salen de la Dirección Provincial del Trabajo, o a los familiares de presos que van a los visitar.
Ofrecer un servicio jurídico no es un delito en sí mismo, pero montar una red de "dateros" para obtener información sobre accidentados viales sí lo es, como lo es también -y más grave aún- coimear a conductores de ambulancias, enfermeros o trabajadores de hospitales para acceder a los informes y fichas clínicas de los internos.
En estos casos, se entra lisa y llanamente en el terreno de la ilegalidad, al igual que cuando abogados inescrupulosos, con un poder en la mano firmado por un incauto, llegan a un arreglo con una compañía aseguradora y le pagan a la víctima una suma mucho menor de lo que le corresponde. Esa red que anda a la búsqueda de damnificados constituye una verdadera asociación ilícita y, como tal, debe ser investigada y juzgada, igual que los casos de "dateros" a sueldo de algunos estudios que han entrado al Hospital de Urgencias vestidos de enfermeros o de curas.
El Colegio de Abogados decidió que en la promoción de servicios profesionales no podrán utilizarse en ningún caso letreros luminosos o placas metálicas de tamaño desmedido, o con caracteres llamativos de estilo y lenguaje meramente comercial. Asimismo, aconsejó a los ciudadanos consultar a un abogado de confianza antes de firmar un poder a un desconocido, sea letrado o no, y menos aún adelantarle dinero.
En el Hospital de Urgencias se les reparte a todos los ingresantes y a sus familiares un folleto en el que se informa que en la institución existe un departamento de medicina legal que asesora a los interesados, a quienes se les aconseja no apresurarse, no dejarse presionar y menos firmar papel alguno sin antes consultar.
Eso debe hacer la gente, pero la Policía debe investigar y la Justicia debe actuar, de oficio si es necesario, para desbaratar estas redes que especulan con el dolor y la miseria humana.
