Debatir el Código Penal

Uno de los temas de mayor repercusión pública que tratará este año el Congreso de la Nación es, sin duda, la reforma al Código Penal. Se trata de una herramienta jurídica esencial para determinar las políticas punitivas del Estado, pero que ha quedado desactualizada al cabo de 93 años de vigencia y a la luz de los cambios fenomenales que se verifican en el inabarcable universo del delito. Aun cuando la iniciativa no ha pasado la etapa de anteproyecto, el debate ya cobró niveles de crispación entre el oficialismo y la oposición. Es cierto que la discusión enriquecerá el escenario, pero no puede ceñirse únicamente a las frecuentes pujas de intereses políticos partidarios.El anteproyecto divide aguas entre los llamados garantistas, que se manifiestan a favor de atenuar algunas penas y eliminar otras –como la de la reincidencia– y los que exigen mayor rigor en la aplicación de condenas en casos de homicidios y tráfico de drogas.Todo ello en un marco de crecimiento exponencial de la delincuencia en sus distintas formas, lo que demanda seriedad y conciencia en este incipiente debate.Al respecto, el nuevo ordenamiento penal no debería sustentarse sólo en principios dogmáticos generales, sino que tendrá que atender, además, cuestiones de rigurosa actualidad. Por caso, la calamitosa realidad que presentan los institutos penitenciarios dependientes tanto del Estado nacional como de las provincias.Muchas cárceles donde se cumplen las conde nas previstas en el Código Penal padecen situaciones de sobrepoblación y hasta hacinamiento, entre otras graves falencias que contradicen reglas constitucionales y de derechos humanos. La presidenta Cristina Fernández tiene en su poder el borrador que le entregó la comisión redactora encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni, que derivará en el proyecto que será elevado al Congreso.Es decir, la jefa del Estado es igualmente responsable de atender las sugerencias y hacer las modificaciones que sean oportunas a la luz de las opiniones de dirigentes políticos, juristas y otros expertos en el tema.El crecimiento diario de los índices delictivos y el desmadre sin remedio del narcotráfico son algunas de las cuentas pendientes que deben ser atacadas de manera urgente y eficaz, por lo que habrá que dotar a la Justicia de los instrumentos necesarios para gestionar las causas sin dilaciones, a veces inadmisibles.El debate de ideas sobre las reformas al Código Penal será alentador mientras no desbarranque hacia peleas políticas estériles. Tampoco sería una señal de convivencia que la Presidenta y sus acólitos en el Parlamento le den un tratamiento exprés a este tema clave, como ha ocurrido con otros proyectos que fueron convertidos en leyes sin consenso general y conforme a los intereses del poder central.