Cuentas claras

Las cuantiosas sumas de dinero que la mayoría de los partidos políticos vuelcan a las campañas electorales han sido siempre motivo de polémicas, por el origen muchas veces dudoso de los recursos y por la falta de transparencia y veracidad a la hora de rendir cuentas de esos gastos como marca la ley. Una repetición de esa mala práctica se vincula ahora con el proceso electoral que desembocó en las legislativas del 27 de octubre de 2013.Al respecto, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos fija, entre otras exigencias, un plazo de 90 días para presentar el resumen de gastos de campaña. Sin embargo, esa responsabilidad es muchas veces incumplida, lo que contribuye a empañar un sistema dispendioso y confuso, al que la ciudadanía tiene bajo sospecha por involucrar, también, dineros públicos.Cuando se trata de elecciones nacionales, el Estado financia la mayor parte de los gastos de campaña al distribuir en forma gratuita espacios en radio y televisión, lo cual constituye la mayor parte de las erogaciones proselitistas.La renovada radiografía muestra que el Frente para la Victoria de Córdoba –que llevó candidatos a diputados nacionales referenciados en el kirchnerismo– no presentó el informe de gastos de campaña de los comicios de octubre pasado.Un pésimo antecedente, en función de que se trata de una fuerza respaldada por el partido del Gobierno nacional que, se supone, debe dar el ejemplo en materia de claridad y apego a la ley, de la misma forma que les es exigible a los ciudadanos que concurren a cumplir con el deber cívico e insustituible del voto.La normativa establece que el juez electoral puede aplicar una fuerte multa o suspender todos los aportes estatales que recibe el partido que no cumplió con la difusión del balance de gastos.El Frente para la Victoria se presentó en las urnas de octubre como alianza electoral. Si bien algunos de sus signatarios cumplieron con el requisito formal de exhibir sus balances, otros figuran "en cero" o con cifras exiguas y poco creíbles en virtud del despliegue publicitario que puso en escena el kirchnerismo cordobés en la aludida contienda.Con todo, las malas artes políticas se extienden a los principales partidos y alianzas que no especifican con meridiana honestidad el origen de los millonarios aportes y donaciones externas con los que hacen frente a costosísimas campañas. Hay sobrados antecedentes en este punto, de los que no quedan exentos la oficialista Unión por Córdoba ni el radicalismo.Las fuentes de financiamiento de las campañas electorales son motivo de controversias que ni la ley ni el Estado han logrado controlar. Las sanciones deben ser aplicadas sin distinción de colores partidarios, como forma de enviar ese mensaje de igualdad y transparencia que la ciudadanía sigue esperando.