Corrupción y Poder Judicial

No deja de sorprender que algunos de los funcionarios de la anterior administración nacional que más expedientes abiertos tienen en la Justicia se muestren en público como honorables dirigentes que no tienen que dar explicaciones a nadie por sus actos de gestión. Es verdad que los jueces y fiscales de los distin­tos fueros poco han contribuido a que esas causas avancen y se pueda determinar, en el marco de la ley, si los acusados por graves delitos de corrupción son inocentes o culpables.Entre los casos que más ruido hicieron durante este verano, sobresale el del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quien el pasado martes visitó el acampe de Plaza de Mayo que reclama por la liberación de la dirigente jujeña Milagro Sala.Boudou está procesado en varias causas por presuntos delitos de corrupción que se tramitan a paso lento en los Tribunales porteños; además de haber firmado un tendal de designaciones irregulares en el Senado de la Nación, aun en el epílogo de su cargo como titular de esa Cámara.Es verdad que los expedientes contra el ex vicepresidente deambulan por los recovecos de los Tribunales, pero genera cierta repulsa que haga declaraciones destempladas y en tono desafiante como cualquier vecino cuya probidad y calidad moral no estuvieran en discusión.Boudou no es el único. Es extensa la nómina de referentes kirchneristas que ocuparon despachos clave en la Casa Rosada, que también cargan con denuncias judiciales por presuntas maniobras espurias en el ejercicio del poder y que por estos días asoman indemnes y fogosos.El retorno a la tribuna crispada (reflejada sobre todo a través de mensajes disparados desde las redes sociales con críticas a la actual administración nacional) alcanza a la propia expresidenta Cristina Fernández y a otras espadas K en problemas con la ley, como el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el exministro de Planificación Federal y ahora diputado Julio De Vido.La corrupción es uno de los males mayores que afectan a las gestiones de gobierno en toda su dimensión, pero nada de esto podrá ser remediado sin la participación comprometida de jueces y fiscales intachables y de probada independencia del poder político de turno.Algunas denuncias de corrupción contra exfuncionarios públicos en la Argentina acumulan una carga probatoria abrumadora, lo cual pone en tela de juicio la voluntad de sectores de la Justicia por resolver expedientes que, como el referido caso Ciccone, suman ya cinco años de trámite.La transparencia que se pregona no será factible sin la participación de todos los sectores que conviven en un sistema democrático; entre estos, la Justicia, el órgano irreemplazable a la hora de sancionar a los corruptos.