Consenso, sin demagogias
La Argentina necesita recuperar el crecimiento y la generación de empleo genuino.
Las necesidades de las administraciones provinciales han impuesto una cuota de racionalidad en el debate parlamentario sobre los cambios al Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia.
El proyecto que fue aprobado en Diputados por una amplia mayoría, en la que convergieron los distintos núcleos del peronismo y otras agrupaciones menores, suponía un salto significativo en la eliminación de la carga para los trabajadores.
Por contrapartida, ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica a partir de que el Estado nacional resignaba ingresos por 132 mil millones de pesos, según la estimación preliminar del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Las provincias, a través de la coparticipación, perdían el 20 por ciento, además de la disminución de las partidas de otros programas, que engrosan sus recursos a través del pago de Ganancias.
La iniciativa aprobada en Diputados incluía una alta dosis de demagogia al llevar el mínimo no imponible a niveles insoportables para los distintos niveles del Estado.
Numerosos integrantes de ese voto positivo fueron funcionarios durante la gestión del kirchnerismo, período durante el cual no se efectuaron cambios significativos al tributo ni se actualizaron las escalas, lo que provocó que cada vez más empleados fueran alcanzados por el gravamen.
Axel Kicillof, uno de los ideólogos del proyecto, en sus funciones como ministro de Economía, había descalificado en 2014 la iniciativa de la entonces oposición que pretendía modificar el mínimo no imponible.
El Gobierno deberá trabajar ahora en la búsqueda de consensos con gobernadores, legisladores y sindicatos, para hallar una fórmula de equilibrio. Ese trabajo deberá incluir un examen exhaustivo acerca de si el restablecimiento de las retenciones a la actividad minera no constituye una señal de desaliento para la principal actividad económica de las provincias cordilleranas.
Tendrá que examinar si el impuesto al juego exime de esa carga a las máquinas tragamonedas, negocio en el que están involucrados allegados al kirchnerismo.
Y, por último, deberá evaluar si el llamado impuesto a la renta financiera –que afectará las colocaciones en plazo fijo y en Lebac– no desalentará el ahorro en moneda nacional y evitará la financiación del déficit del Estado nacional. No es una tarea sencilla, pero es necesario corregir el desacertado proyecto aprobado en Diputados.
La Argentina necesita recuperar el crecimiento y la generación de empleo genuino. Para ello se requiere enviar señales claras a inversores privados y ahorristas, pues el Estado carece de recursos para emprender los proyectos que alienten el desarrollo.
Hay que evitar iniciativas que constituyan otro retroceso y una nueva caída del anhelado crecimiento social.
