El ataque a unidades de Tamse
El atentado contra colectivos de la empresa municipal de transporte de Córdoba debe ser esclarecido para mostrarles a los ciudadanos quiénes atentan contra su patrimonio público.
La conclusión a la cual llegó la Justicia, de que fue un sabotaje la quema de 10 colectivos de la empresa municipal de transporte Tamse, de la ciudad de Córdoba, no hace más que confirmar las presunciones que se manejaban desde distintos ámbitos de la pesquisa por ese repudiable episodio ocurrido el pasado lunes. Es auspicioso que los peritos no hayan demorado en verificar los orígenes del siniestro, a diferencia de otras causas similares, de conductas piromaníacas en perjuicio del patrimonio público, que quedaron enredadas en pujas políticas y empantanadas en los Tribunales.Con la certeza de que fue un hecho intencional, ahora el fiscal del caso debe abocarse a la parte más engorrosa, que es dilucidar los motivos de ese accionar delictivo y encontrar a los culpables. Hay sospechas e interpretaciones, más allá de las pericias, que agravan el cuadro de situación.Se ha dicho que el incendio de las unidades puede estar vinculado con la inminente privatización del servicio público de transporte en la ciudad de Córdoba, en el que juegan fuertes intereses locales y foráneos. No se descarta, además, que el ataque incendiario tenga relación con las crispadas disputas internas en el ámbito del gremio de los choferes. En tal sentido, no es casual que este capítulo vandálico, que le costará unos cinco millones de pesos al municipio (es decir, a los cordobeses), incluyera amenazas telefónicas contra el titular de Tamse, Alberto Giménez, pocas horas después de que los colectivos fueran reducidos a chatarra. "Respetamos los tiempos judiciales, pero queremos que se esclarezca lo que pasó, que no fue algo contra Tamse sino contra la ciudad, las instituciones y la vida democrática. No queremos que esto quede como un hecho más", advirtió el viceintendente, Marcelo Cossar, a cargo del Departamento Ejecutivo.Las palabras del funcionario son lógicas, pero quedarán en buenas intenciones si la propia Municipalidad y la Justicia no avanzan con celeridad en averiguar dos aspectos cruciales ya citados: quiénes fueron los autores del sabotaje y cuáles fueron los motivos. Otro factor descuidado, que habrá que ajustar para que no se repitan estos hechos, tiene que ver con la seguridad en torno de las terminales donde se estacionan los colectivos, no sólo de Tamse. En la mayoría de los casos, se trata de grandes superficies a cielo abierto que no cuentan con la debida custodia policial o privada y que se convierten, por ello, en una suerte de zona liberada para el actuar delictivo. Si bien se trata de proteger el patrimonio público, nada justifica un acto salvaje que ha puesto bajo sospecha a sectores involucrados en la nueva etapa que se avecina para el transporte de pasajeros de la capital provincial.

