Emergencia heredada

La Ordenanza de Reordenamiento Económico, Financiero y Administrativo sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba –denominada también "megaordenanza municipal"– se ha prestado a diversas lecturas y variadas opiniones, algunas de las cuales señalan que se trata de una "delegación de poderes" que no se amolda a las normas de un Estado republicano. Se trata, esta última, de una opinión discutible, ya que la propia Constitución Nacional, en la reforma realizada en el año 1995, establece la legalidad y la procedencia de los decretos de necesidad y urgencia.El problema se plantea cuando se hace un uso abusivo de esta metodología constitucional y se termina gobernando por decretos, prescindiendo del control legislativo de los actos de gobierno por parte del Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales y los concejos deliberantes municipales.Quizá sea importante detenerse en el significado de las palabras "necesidad" y "urgencia", ya que aluden a situaciones muy especiales y críticas, que generalmente se califican de "emergencia". En ese sentido, puede decirse que una municipalidad, como la de Córdoba, que se encuentra en dificultades para pagar los sueldos y el medio aguinaldo de su personal, está afrontando una situación de emergencia.Con una agravante: que la función principal de un municipio no es pagar sueldos sino garantizar la prestación eficaz y continuada a la población de servicios esenciales como el transporte público, la recolección de basura y el buen funcionamiento de las redes cloacales.En el caso de la ciudad de Córdoba hay otros servicios como el agua potable, la electricidad o el gas que son prestados por la Provincia, y de ahí la necesidad de coordinar esfuerzos entre ambas jurisdicciones estatales, como lo acordaron el gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Ramón Mestre.El problema radica en la falta de recursos, tanto del Gobierno como de la Municipalidad de Córdoba, que han heredado una situación realmente grave, que ahora está saliendo a luz en su verdadera dimensión.La emergencia, entonces, existe, es una realidad innegable. Pero otorgar al Poder Ejecutivo facultades para afrontar esa crítica situación no significa necesariamente prescindir del control legislativo, de las auditorías especiales, ni del debate público. Se trata, por otra parte, de una situación especial y transitoria, aunque su gravedad no puede ser disimulada desde ningún punto de vista.La "megaordenanza municipal" debe ser situada pues en este contexto de crisis, y lo mejor que podría ocurrir es que las medidas que se tomen tengan un amplio consenso interpartidario e intersectorial.