Condiciones inaceptables

El sindicato municipal de la ciudad de Córdoba (Suoem) lleva adelante distintas modalidades de protesta en rechazo al primer concurso de antecedentes y oposición que se realiza para el ingreso de ocho empleados a la planta permanente.

Es esta última condición la objetada por el gremio que conduce Rubén Daniele, al aducir que primero debe resolverse la situación de dos mil agentes municipales contratados.

Para el Suoem, estos empleados –que de hecho ya se encuentran dentro de los planteles del municipio– tienen prioridad sobre quienes deben exhibir antecedentes profesionales en su actividad para obtener un lugar entre quienes prestarán servicios a los ciudadanos de Córdoba.

Resultan incomprensibles e inaceptables las condiciones que pretenden imponer Daniele y sus adláteres, quienes –al igual que en otras protestas– parecen haber tomado al Palacio 6 de Julio como un coto privado, al que no puede ingresar nadie que no cuente con el visto bueno del activismo gremial.

Desde el retorno a la democracia en 1983, este diario ha defendido el principio de que el ingreso a la administración pública debe realizarse por concurso público y abierto a todos los ciudadanos interesados.

Esta práctica ya es una realidad en numerosas intendencias de todo el país, Rosario entre ellas.

Se ha señalado también que los concursos incluyan la necesidad de que los futuros servidores públicos –como se los identifica en los países más desarrollados del mundo– exhiban su adaptación a las nuevas tecnologías y que posean valores actitudinales para trabajar en un entorno que debe ser puesto al servicio del ciudadano. Y no de los intereses sectoriales.

Sobre este tema, bien valen, además, algunas reflexiones vinculadas a la política.

Hay que reconocer que el intendente Ramón Javier Mestre había prometido en su campaña electoral los concursos para el ingreso como empleado municipal, por lo cual debe ser apoyado en esta primera convocatoria oficial.

Pero no resulta congruente esa actitud con la incorporación de más de 500 empleados como contratados durante su administración de poco más de 11 meses.

Tampoco son coherentes las críticas de sus antecesores Luis Juez y Daniel Giacomino que, con distintos argumentos, pretenden justificar por qué no les dieron en sus gestiones el derecho a todos los ciudadanos para postularse como empleados municipales, y ahora cuestionan la decisión del actual intendente.

Además, cargan sobre sus espaldas con los nombramientos de miles de agentes, algunos de los cuales poseían antecedentes policiales y, sin embargo, ingresaron con todos los honores al Palacio Municipal.

La clase dirigente –sea política o gremial– debe reconciliarse con la sociedad, y esta demanda de la gente no será atendida en la medida en que se sigan privilegiando las relaciones personales por encima del derecho de todos a concursar para ingresar al sector público.