Vivienda, trabajo y derecho a la ciudad
La mayor parte del presupuesto público se destina a viviendas. Lucio Scardino.
Durante la última década, cada año, 22 millones de personas en el mundo han logrado superar la precariedad de los asentamientos informales y han mejorado sus condiciones de vida.
A pesar de ello, esos logros parecen no ser suficientes y son contrarrestados con el crecimiento que han tenido las ciudades en ese período.
Las migraciones hacia zonas urbanas combinadas con una creciente inequidad en el acceso a la vivienda y al suelo urbano han determinado que en esta década el número de personas viviendo en las villas creció de 776 millones a más de 827 millones en el mundo.
El mes pasado, nuestra institución participó del Quinto Foro Urbano Mundial (FUM) de Río de Janeiro, donde más de 20 mil personas de 150 países se reunieron para analizar y debatir sobre la acelerada urbanización mundial y su impacto en las comunidades, ciudades, economías y el cambio climático. Organizado por las Naciones Unidas, el FUM se ha transformado en el hecho más importante sobre gestión del crecimiento de las ciudades que reúne a funcionarios, políticos, académicos y líderes sociales para analizar políticas tendientes a generar ciudades más inclusivas y sustentables.
Carta de Río
Las conclusiones del Foro, sintetizadas en la Carta de Río, se basan en el principio del derecho a la ciudad y ponen énfasis en la necesidad de adoptar políticas inclusivas para asegurar que todos los habitantes, sin ningún tipo de discriminación, tengan acceso a los servicios públicos y a decisiones importantes.
El derecho al hábitat y vivienda digna se ha establecido en numerosos pactos y convenciones internacionales de derechos humanos y en la propia Constitución Nacional. Sin embargo, es un derecho denegado a amplias mayorías de la población mundial y el propio Ban Ki-moon, secretario General de las Naciones Unidas, definió a las condiciones de vida en las villas como una violación a los derechos humanos.
La Asociación de Vivienda Económica (AVE) trabaja desde hace más de 40 años para promover, a partir de distintas acciones y a través de diferentes espacios, una mirada que contempla a la vivienda como un derecho fundamental y no como una simple mercancía. Entre estas acciones, se enmarca el Proyecto Habitando, que busca generar y fortalecer iniciativas de vivienda popular para sectores pobres en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
El proyecto, impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la ONG italiana ProgettoMondo Mlal y AVE, tiene por objeto la aplicación de modelos participativos integrales de vivienda social a través de micro y pequeñas empresas. Vincula la demanda habitacional con la oferta productiva en cada localidad, donde se construirán o mejorarán las viviendas, de manera de contribuir a satisfacer las necesidades habitacionales de las familias con menos recursos, al tiempo que se genera trabajo para los emprendedores locales de la construcción.
A nivel nacional, existen programas que contemplan la construcción de viviendas con la participación de los diferentes agentes sociales y contribuyen a generar desarrollo local y empleo para microproductores organizados. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto se destina a la construcción de viviendas a través de licitaciones con grandes empresas, sin atender de igual modo otras demandas de los sectores pobres que son: acceso a la vivienda, regularización dominial, mejoras y ampliaciones de viviendas existentes y créditos para la autoconstrucción.
*Proyecto Habitando. Asociación de Vivienda Económica

