Una sociedad avasallada a la que nadie escucha

Nos enfrentamos nuevamente a un espejo que no queremos mirar: aquél que nos devuelve el reflejo de una sociedad avasallada en sus derechos indispensables y a la que nadie escucha.

El agua -como no nos cansaremos de decir- es un derecho social indispensable, pero en nuestra Córdoba éste se confronta de manera periódica con la faceta mercantil de un bien que se comercializa en el mercado. Y los derechos sociales no son tributarios del mercado.

Nuevamente, Aguas Cordobesas, haciendo uso de un derecho contractual reformulado, se vale de un instrumento legal para realizar un pedido de aumento que se resolverá en el marco legal de un contrato.

Este juego de palabras simboliza un contexto en el que ni la empresa, ni el ente regulador, ni el poder concedente, discuten sobre lo correcto, sino sobre tecnicismos.

Aumento, cada seis meses. De este modo, los cordobeses somos rehenes de un contrato de concesión donde, en materia tarifaria, la empresa puede conseguir aumentos cada seis meses.

La pregunta válida en un contexto inflacionario y de pobreza creciente es si los trabajadores gozan, en su contrato laboral, del derecho permanente a la negociación salarial.

Qué maravilloso sería que los trabajadores pudieran tener una "mesa de salarios" abierta cada seis meses para convalidar en su poder adquisitivo todos los aumentos de precios y de servicios que cada día disminuyen los ingresos familiares y crean marginalidad y exclusión.

Como defensor del Pueblo, no puedo dejar de hacer notar que antes que el beneficio de la empresa, está la necesidad de una sociedad que -como quedó evidenciado en la última audiencia pública- está ávida de que se la escuche. En este caso, en su rechazo al aumento de la tarifa del agua y al cargo fijo para medidores.

Otro hecho que nos preocupa son las consecuencias que implican estas sucesivas solicitudes de aumento. La empresa, en esta oportunidad, pidió aumento tarifario por variación de costos del período enero-setiembre de 2009. ¿Cuánto falta para que discutamos sobre la variación octubre 2009-marzo 2010? Recordemos el año pasado: apenas a dos meses de convalidado el último aumento anterior -del 11,23 por ciento- la concesionaria del servicio presentó en noviembre el nuevo pedido de aumento, que estamos discutiendo en estos días. Y así seguirá el ciclo.

Medidores, un cargo. Más grave aún es la solicitud de la creación de un cargo fijo para lo que Aguas Cordobesas llama "obras prioritarias", entre las que se encuentra la instalación de medidores. Es realmente asombrosa la impunidad que tiene la empresa para hacernos partícipes de sus pérdidas y nunca de sus ganancias.

La colocación de medidores es una obligación de la empresa. Sólo en casos debidamente detallados correspondería a los usuarios, por ejemplo, cuando el aparato haya excedido su vida útil. De allí que solicitar un cargo fijo para ese fin y que debamos pagar todos, no resiste el menor análisis.

Pero eso no es lo peor. Lo que asombró fue el intento de hacernos a todos financistas de una obligación que no tenemos. De esta manera, la empresa -al presentar su plan de inversión, que es una obligación contractual- subvierte el significado de una cláusula que siempre debe interpretarse a favor del ciudadano.

Si el contrato establece las circunstancias en la que los usuarios deben pagar por los medidores, un plan de inversión no puede derogar lo establecido. Pero, más aún, si pensamos que la empresa ha solicitado aumentos tarifarios por variación de costos cada seis meses desde hace dos años, nada nos garantiza que el 18 por ciento reclamado será suficiente para financiar las obras previstas. Nada nos asegura que el cargo transitorio no se vuelva permanente y que en un año no volvamos a discutir la creación de otro cargo. El horizonte inflacionario de hoy nos otorga el beneficio de la duda.

Un contrato que se celebra entre dos personas puede tener la particularidad de fijar las cláusulas que las partes quieran. Pero un contrato firmado por una empresa que se encarga de la provisión del agua potable y un Gobierno, que debe representar el mejor interés de todos los ciudadanos, no puede perder nunca de vista que su cometido final es el bienestar general y no la ganancia corporativa.

Lo que sucedió el viernes pasado en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) para tratar una nueva tarifa del servicio y el cargo para medidores- que se caracterizó por el alto número de expositores- dejó traslucir con nitidez el hartazgo de los vecinos, exponiendo los detalles de un contrato que mercantiliza un bien esencial para la vida y que deja mucho que desear sobre la justicia social en sus cláusulas.

Los cordobeses deben ser defendidos. Y la mejor defensa es exigir transparencia.

*Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba