Una Justicia sin caso jurídico

Un controvertido dictamen de un juez de faltas de Santa Rosa de Calamuchita diseminó estupor en todo el país. Porque desnudó un criterio de garantismo extremo, basado sobre principios básicos de la lógica, mal entendidos y peor aplicados, que cohonestan transgresiones riesgosas para una convivencia civilizada. Si las estadísticas demuestran en forma irrefutable que un elevado porcentaje de muertes por accidentes de tránsito son causadas por motociclistas que circulaban sin casco, mal puede un funcionario judicial invocar un presunto derecho constitucional de transitar sin ese elemento protector.

Ciertamente, quien decide no utilizar casco ejerce un derecho privado, pero que deja de ser tal en el instante mismo en que ingresa a calles y rutas con moto y sin casco. Porque entonces transforma su vida y la de quien viaje con él en un riesgo social. Ese dictamen recuerda, en cierto modo y guardando las debidas proporciones, lo resuelto por un magistrado de la costa bonaerense, que eximió de culpa a un conductor que en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, se cruzó de carril en una ruta, embistió a un automóvil que avanzaba por la mano contraria y mató a todos sus ocupantes. El juez sostuvo que embriagarse era un acto privado y, como tal, no judiciable. Embriagarse es un acto privado, pero deja de serlo en el instante en que alguien sale a conducir ebrio; entonces se convierte en un suicida o en un asesino potencial. Pero el garantismo argentino no lo entiende así. Mientras en la mayoría de los países conducir en estado de embriaguez es un agravante judicial, para algunos jueces es un atenuante.

Este garantismo rudimentario se explica por la deficiente formación jurídica de ciertos magistrados. Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia, afirmó alguna vez que la mayoría de los jueces del país deberían ser exonerados por su ignorancia del derecho. Es que el ingreso en la administración judicial está cada vez más condicionado por la obediencia debida al poder político. Peor aún, ya es escándalo rutinario que en los concursos para cubrir vacantes un elevado número de abogados se presenten a rendir provistos de "machetes" y otros artilugios para disimular su ignorancia. No es infrecuente que esos concursos sean declarados desiertos.

Por contrapartida, es harto frecuente que el dedo del poder político imponga la designación de aspirantes que terminaron en los últimos puestos de las listas de mérito, pero ocupaban la vanguardia en la obsecuencia.

Elevar a la altura de derecho constitucional una transgresión es acrecentar el inventario de dislates perpetrados en nombre de un garantismo que pervierte el derecho constitucional de la sociedad a ser protegida por un ordenamiento jurídico y judicial basado sobre una formación académica sólida, madura y reflexiva.