Seguridad vial, prioridad absoluta

Los conflictos originados en la Municipalidad de Córdoba no cesan y no pasa una semana sin que algún servicio se vea resentido. Y -como siempre- los que pagan las consecuencias son los usuarios. La semana pasada hubo dos días de paro de los choferes de ómnibus de la empresa Tamse en reclamo por el mal estado de muchas unidades, aunque no se descartó la hipótesis de que se hubiera desatado por una interna gremial. Finalmente, el intendente en persona se comprometió a agilizar los trámites de revisión de los coches para ponerlos en las mejores condiciones posibles de funcionamiento. Ahora, los inspectores municipales de tránsito y los choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestaron su oposición a aplicar el sistema de control vehicular denominado "carné por puntos" y los choferes del transporte urbano -agrupados en la UTA- llegaron a amenazar con un paro. "La única arma que nos queda a nosotros es una medida de fuerza; y si vemos que no hay una solución y no nos llaman a una mesa para resguardar los derechos del trabajador, no cabe ninguna duda de que haremos paro", advirtió el titular de UTA. Pero en este punto es preciso ser muy claros: las políticas municipales las fijan el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante y no los gremios. Estos pueden y deben ser consultados, y lo ideal sería que en todos los casos se llegara a un amplio consenso, pero la última palabra la tiene siempre la Municipalidad, o el Poder Ejecutivo y la Legislatura en las cuestiones que competen a la jurisdicción de la Provincia. Estas cosas no ocurren sólo en Córdoba, ya que el nuestro es un país de tradición y cultura corporativas, en el que las grandes corporaciones hacen valer sus intereses por encima del interés general. Y en el que los ciudadanos son prácticamente rehenes de esas corporaciones -entre ellas, los grandes sindicatos- que tienen un gran poder de presión sobre el Estado. Los grandes gremios no sólo obtienen aumentos salariales para sus afiliados, sino que además pueden paralizar sus tareas y alterar el orden en cualquier momento y por cualquier causa, a veces por motivos reales y, a veces, para dirimir su interna. Porque es tan grande el poder de esas corporaciones, que la lucha por su dominio o control puede alentar conflictos e, incluso, generar violencia. De todos modos, la aplicación del sistema de carné por puntos no es una prioridad para los municipios, como lo ha expresado el ministro de Gobierno de la Provincia. "Hay que esperar que el sistema se aceite -dijo-, que los municipios vean cómo funciona y cuando estén preparados, adhieran". Resultan sensatas estas palabras, pero sin olvidar que la seguridad vial sí es una prioridad absoluta, dado el constante aumento de accidentes, muchos fatales, debido a las infracciones de tránsito.