Se hace necesario discutir un sistema provincial de salud

Los cordobeses hemos asistido en las últimas semanas a dos episodios ciertamente trágicos. La muerte de dos personas, en el interior provincial provocada, en principio, por la imposibilidad de acceder a los servicios de salud necesarios en momentos críticos de la vida de éstas, han puesto en tensión nuestro sistema público provincial de la salud. Es mucho lo que se ha dicho intentando explicar lo sucedido o para deslindar responsabilidades al respecto. Se ha hecho alusión a la supuesta negligencia o dolo en el que habrían incurrido algunos profesionales de la salud, así como también se ha señalado la falta de responsabilidad social en la que incurren reiteradamente efectores sanitarios privados cada vez que deben prestar atención a pacientes que carecen de obra social o seguro de salud.

La coordinación. Sin embargo, en el debate se han omitido dos cuestiones de enorme relevancia a la luz, no sólo del estado actual de nuestro sistema sanitario, sino también en función de sus perspectivas futuras. Hago referencia al déficit de coordinación y a la brecha de financiamiento que éste padece. Lo sucedido, así, más allá de las responsabilidades individuales o sectoriales que deben demostrarse, es la expresión más acabada de aquéllas. Con respecto a la primera cuestión, debe decirse que hasta el año 1995 nuestro sistema público de salud tenía una organización y distribución de responsabilidades que colocaba a la jurisdicción provincial en el centro del mismo. La casi totalidad de los efectores eran de carácter provincial, siendo los de jurisdicción nacional o municipal- salvo en la Ciudad de Córdoba- marginales en la organización del sistema. A finales de ese año, se completa el proceso de descentralización sanitaria en la Provincia, asumiendo los municipios y comunas un papel crucial en el funcionamiento del sistema sanitario, responsabilizándose de los efectores de baja y mediana complejidad, mientras la Provincia lo hace con la alta complejidad. Por lo tanto, hoy el sistema provincial está conducido por el Ministerio de Salud y 427 jefes comunales que con valores, criterios y prioridades diferentes, deben integrarlo y coordinarlo. Alcanzar este propósito implica una ciclópea tarea técnico-política para la cual el Estado provincial dispone de limitadas capacidades. La actual gestión ministerial ha impulsado, con el fin de coordinar esfuerzos, una innovadora herramienta: el Pacto Sanitario. El tiempo, seguramente, permitirá evaluar sus resultados. Sin embargo, los episodios recientes estarían comenzando a mostrar los límites, insuficiencias y dificultades que el mismo presenta.

El financiamiento. En cuanto a la brecha de financiamiento, debe decirse que, con la anterior organización del sistema, la Provincia llegó a destinar -también tomando como referencia el año 1995- el 17,40 por ciento de sus recursos presupuestarios. Luego de la descentralización, la Provincia viene destinando para el sector salud una cifra que, según el año, oscila entre 10 y 11 por ciento del Presupuesto provincial. Si se agrega a esto el dos por ciento de fondos provinciales destinados al sector salud vía Fofindes, tenemos que se destina en la actualidad entre 12 y 13 por ciento de recursos provinciales para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario. Así, la brecha entre los fondos destinados en 1995 y los actuales es cercana al cinco por ciento del Presupuesto (casi 600 millones), con el agravante de que durante ese período el total de efectores sanitarios públicos creció notablemente. La política de descentralización en salud es la reforma con mayor consenso entre los actores sectoriales y fue sostenida por todos los gobiernos desde 1987. Sin embargo, sigue sin solucionarse el problema de su financiamiento. Los gobiernos locales están haciendo un enorme esfuerzo para resolverlo. Esfuerzo que, en muchos casos, termina trasladándose a sus propias comunidades, aun al riesgo de afectar el criterio de gratuidad en la salud pública. Córdoba se encuentra ante el gran desafío de construir un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud en todo su territorio. Para lograrlo deberá sortear problemas estructurales, cuya magnitud equivalen a los que la Provincia tiene con su sistema previsional y que serán heredados por las futuras gestiones gubernamentales. Es hora de que los actores políticos y sociales provinciales discutan racionalmente qué sistema de salud queremos, la distribución de responsabilidades por jurisdicciones, cuál es el "piso" universal de garantía del derecho a la salud para todos y quién y cómo se lo financia. Será la única manera de evitar que las autoridades sanitarias, actuales y futuras, sigan destinando una parte importante de su tiempo para explicar lo inexplicable.

* Médico. Magíster en Administración Pública. Docente e investigador del Iifap-Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto