Recuperar autonomía para gobernar las provincias

El tratamiento del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (ICDB) constituye un ilustrativo ejercicio acerca de cómo procesamos la voluntad democrática en el ámbito legislativo y sobre el funcionamiento de las instituciones de la República.

El debate sobre la coparticipación del conocido como "impuesto al cheque" encierra cuestiones no saldadas sobre el impacto de los tributos en relación con la actividad productiva, la distribución territorial, el modo de financiar el gasto público y la vigencia efectiva de las autonomías provinciales, sobre las que recae la prestación de los servicios de educación, salud, seguridad y justicia.

En ese orden, la actual composición del Congreso Nacional impide que se deleguen, sin análisis, instrumentos al poder administrador y obliga a elaborar una agenda legislativa acorde con las demandas de la sociedad.

Un federalismo moderno. La concepción moderna del federalismo posible en una Nación tiende a la integración en un proyecto común y a vertebrar las regiones para dialogar y comerciar en la aldea global, sin resignar sus identidades ni cercenar la igualdad de oportunidades de sus pueblos.

El impuesto es una de las variables económicas que posee el Estado, tal como las políticas monetaria, crediticia, salarial, tarifaria y presupuestaria para atraer inversiones, movilizar recursos inexplorados, agregar valor (trabajo y tecnología) y asentar la población en forma equilibrada.

El federalismo fiscal y el planeamiento del manejo de las finanzas requiere previsibilidad; a ello contribuye la distribución equitativa y automática de lo recaudado.

El impuesto al cheque es distorsivo e induce a la evasión por el sobrecosto de bancarización. Creado para una emergencia, en algún momento debe ser derogado y, entre tanto, tomado a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

El interior, con déficit. Para las pequeñas y medianas empresas (Pyme) es una pesada mochila y su efecto derramado, un costo que desalienta la productividad. Como cheques se libran en todo el territorio, se impone la modificación de la coparticipación actual. El 15 por ciento que reciben las provincias es exiguo, dado que las administraciones exhiben un déficit primario de más de 12 mil millones de pesos.

De los 24 mil millones recibidos por este tributo, el proyecto en cuestión acrecienta ingresos a las provincias por poco más de ocho mil millones. No significa desfinanciar al Tesoro, porque la presidenta Cristina Fernández anunció que estudia su eliminación. Lo que se acota es la discrecionalidad, mediante la cual el año pasado se repartieron 11 mil millones, práctica por la que Córdoba recibió 315 pesos por habitante, mientras que Santa Cruz dispuso de 4.500 pesos.

Las provincias tienen una deuda con la Nación de más de 90 mil millones, con necesidades financieras cercanas a los 20 mil millones. El conjunto de las administraciones provinciales triplicó su déficit primario y financiero entre 2008 y el año pasado. Esas jurisdicciones pasaron de un superávit de 1,4 por ciento en 2004 a un déficit de 1,2 por ciento en 2009. Aunque no soy especialista, es obvio que algo hay que hacer para pasar del 26 actual al 34 por ciento de distribución mínima prevista por ley.

Hay 10 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que deben ser distribuidos, y el superávit de 14 mil millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite evaluar si es conveniente mantener la retracción precoparticipable del 10 por ciento de IVA y 15 por ciento de Ganancias.

Los cordobeses sabemos lo que significa este asfixiante centralismo y la deuda de 14 mil millones es una pesada hipoteca, que no debería cebarse con nuevo endeudamiento sin antes corregir modalidades del gasto provincial imperante y la relación con el Estado nacional.

En tanto, la recepción diaria de tres millones por la nueva distribución del impuesto al cheque evitará poner en riesgo la tranquilidad social y desmerecer aún más la investidura de nuestros gobernantes.