Los "ocupa" y la crisis social

Dicen que en la Argentina sobran los espacios físicos, dado el contraste que existe entre la inmensidad de su geografía y el total de la población. En efecto, cualquier país europeo que tiene una extensión similar a cualquiera de las grandes provincias, como las de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Mendoza o Córdoba, alberga más cantidad de habitantes que el total de nuestro país. Un viaje en avión, de día y con buena visibilidad, permitirá a un pasajero inquieto observar que la mayor parte de nuestro territorio -cultivado o desértico- está vacío. Y si ese pasajero es extranjero, puede llegar a tener la equivocada impresión de que este país, porque le sobran espacios y tierras, no tiene problemas habitacionales y que a nadie le puede faltar su vivienda o su casa. Y así tendría que ser, si se tiene exclusivamente en cuenta la relación entre los espacios físicos disponibles y la cantidad de población. Pero no es así, ya que en este país uno de los problemas sociales más graves es el déficit habitacional. Y ello por muchos factores, entre otros una colosal deformación demográfica, ya que -pese a la inmensidad- la mayoría de la población se agolpa en los grandes conglomerados urbanos, que ya no son simples ciudades o pueblos sino conjuntos de ciudades en las que pueden vivir millones de personas, como ocurre en el Gran Buenos Aires y en menor medida en el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el Gran Mendoza, donde se plantean grandes y graves problemas no sólo por la falta de viviendas, sino también por la falta de agua potable y servicios cloacales. Es así que ha surgido una nueva figura social: el "ocupa" u "okupa", es decir la persona o las familias que ocupan lugares -tierras, edificios, casas- que no les pertenecen legalmente, lo que, a su vez, plantea problemas jurídicos que pueden llegar a ventilarse en los tribunales. Un nota de investigación publicada recientemente por este diario señala que los "ocupa" se asientan en terrenos públicos o privados, en casas abandonadas y en edificios vacíos, no sólo en la ciudad de Córdoba o Río Cuarto sino también en ciudades medianas como Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz o Villa María. En algunos casos, se llegan a realizar "loteos" particulares para iniciar la construcción de viviendas precarias e incluso se ha reclamado, y a veces obtenido, la prestación de algunos servicios, como agua potable y energía. Sucede que este fenómeno social se mueve en un terreno ambiguo: entre la ilegalidad y la legalidad. Y el problema de fondo es la falta de una política integral de viviendas, que el Estado debería llevar adelante por imperativos de justicia y también en cumplimiento de preceptos constitucionales. Mientras no se concrete esta política, la figura del "ocupa" seguirá existiendo y extendiéndose. Todo ello sin dejar de reconocer que muchas de las ocupaciones suelen ser promovidas por dirigentes políticos o sectoriales, que buscan medrar con la necesidad social. Ese accionar merece la denuncia y castigo judicial.