Es necesario defender un texto que es un auténtico pacto social

Debatir sobre la Constitución, entendida como pacto fundacional de la convivencia social, siempre resulta apasionante, más aún cuando estamos próximos a cumplir 200 años de historia independiente.

Desde aquellos días de 1810 hasta la sanción del texto constitucional en 1853 y la Reforma de 1860, muchas ideas se defendieron hasta el enfrentamiento, la enemistad y, en muchos casos, la muerte.

Si bien existían acuerdos sobre los derechos naturales del hombre, se debatía arduamente sobre la organización del poder en sentido horizontal con el objetivo de la formación del Gobierno nacional, en el que confluyeran las provincias. Sin dudas, el punto neurálgico de la discusión recaía sobre la distribución territorial del poder entre los centralistas-unitarios y los provincianos-federales; en ese sentido, podemos decir que hemos avanzado muy poco.

El sentimiento federal que henchía el pecho de quienes sostenían la autonomía y la especial idiosincrasia de cada provincia era el mismo que, creo, impera ahora. Por lograr la Constitución federal, debieron mediar muchas batallas: Caseros (3 de febrero de 1852), Cepeda (23 de octubre de 1859) y Pavón (17 de setiembre de 1861), entre las más recordadas. Sólo la fuerza de Justo José de Urquiza- en 1853- y su renunciamiento en 1861 permitieron lograr por fin un texto constitucional con la adhesión de la sociedad en su conjunto.

!Qué curioso! La autonomía provincial se abre lugar por sí sola en la reforma de 1860, instancia en que se permite reformular el texto a los "unitarios" de Buenos Aires, para que terminaran dictando una Constitución más federal que la de 1853. Vaya a modo de prueba el texto del artículo 32, que reza: "El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal", en el que se reconoce la pluma del convencional Domingo Faustino Sarmiento.

Más antinomias. Muchas antinomias sucedieron después. Las más notables: conservadores versus radicales, peronistas versus antiperonistas, disputas que desde 1930 hasta 1983 hicieron perder la República en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, manteniéndonos la mayor parte del tiempo dentro de gobiernos de facto en los que no rigió la Constitución Nacional, con el consiguiente deterioro de los derechos humanos, el desgobierno y la muerte del federalismo.

Reconquistada la democracia en 1983, recién en 1994 -por el consenso- se logra abrir la puerta a una reforma constitucional, que en la consideración de toda la dirigencia intelectual, política y social era necesaria y oportuna.

Como prueba, debemos recordar los dos dictámenes del Consejo de Consolidación de la Democracia -creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, por decreto 2.446/85- que aconsejaban la reforma para afianzar el sistema republicano y democrático, lograr un mayor equilibrio del poder, reafirmar el régimen federal y lograr el irrestricto respeto de los derechos humanos.

La Reforma Constitucional de 1994, hija del más amplio consenso político en 200 años de historia independiente, alumbra un texto que nos pone en un nuevo liderazgo normativo.

La renovada distribución del poder, las herramientas en manos del Congreso de la Nación como depositario directo del poder popular, las garantías de independencia del Poder Judicial, la introducción de mecanismos de control, el replanteo del federalismo en todos sus términos a favor de las provincias, la más amplia consagración de los derechos del hombre, llevando al ciudadano a la categoría de depositario de todos los derechos y garantías consagrados en los tratados internacionales de protección de la persona humana, son hoy letra constitucional aprobada en la Convención Constituyente. En casi todos los casos, ello sucedió por amplísimas mayorías; en otros, por unanimidad, y se yerguen como muestra de lo que pueden los acuerdos.

No faltan detractores que pretenden desmerecerla por su origen en el "Pacto de Olivos", aprovechando la concepción que remite a todo pacto como algo "espurio, reprobable, conjurado a la sombra de la noche, para conseguir oscuros propósitos a espaldas del pueblo", cuando en realidad el lenguaje jurídico, el orden normativo, la génesis de las reglas para nuestra convivencia social sólo pueden lograrse por el acuerdo, el consenso, la necesidad de ceder en algo para que el conjunto logre el todo.

Quienes amamos la Constitución y la enseñamos a diario en la cátedra, nos referimos con respeto al texto como un auténtico pacto social.

¿Qué debemos decir los argentinos en esta hora triste de la República, en la que se deja de lado a diario el cumplimiento de la Constitución cayendo nuevamente en un período oscuro de la historia?

¿Podemos sentirnos orgullosos de un texto moderno, ambicioso, que dignifica la persona humana, mientras no se refleje en la realidad cotidiana?

Sólo podemos intentar distribuir responsabilidades por su incumplimiento.

No depende del texto, sino del acatamiento de los "actores constitucionales". Mientras quienes detenten el poder no estén dispuestos a cumplirlo, debemos ser nosotros, los ciudadanos, los que en su nombre dignifiquemos a la República Argentina.

*Ex convencional constituyente nacional (1994); docente universitaria