Democratizar la Justicia

La presidenta Cristina Fernández aseveró que hay algunos magistrados judiciales que se "alquilan" y otros que obedecen órdenes o sugestiones de sectores decididos a "poner palos en la rueda" a su gestión. Es decir, que cometen el delito de prevaricato. La Corte Suprema de Justicia in continenti (de inmediato) le reclamó que se exprese con mesura cuando se refiere a temas de altísima significación institucional. Ella, con inocultable desdén, contestó con un juego de palabras insinuando que ese consejo tenía el propósito de censurarla. Fue en esos días cuando la diputada kirchnerista Diana Conti reclamó la "democratización" de la Justicia. Ya se sabe. En boca de un diputado peronista, "democratizar la Justicia" significa someterla a la voluntad de la jefa de Estado, del líder, conductor o mesías, quien, por representar los intereses populares, está legitimado no sólo para dictar la ley sino también para imponer su interpretación auténtica. Así lo demuestran los antecedentes históricos. En 1946, a semanas de iniciarse la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la Cámara de Diputados de la Nación, con el voto de la mayoría oficialista, acusó a los entonces miembros de la Corte Suprema de "mal desempeño", causal destituyente que se habría configurado !por haber reconocido al gobierno de facto instalado el 4 de junio de 1943!, fingiendo ignorar que, en ese Gobierno, el propio Perón se había desempeñado como vicepresidente y en otras relevantes funciones. Se trataba de un pretexto. La finalidad era contar con un Poder Judicial dócil, sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo. "La destitución de la Corte -en abril de 1947- cuando el Senado dio curso a la acusación señaló el fin del Poder Judicial independiente en la Argentina", afirmó el historiador Joseph Page ( Perón , editorial Vergara, 1984), quien agregó: "Con ese precedente, cualquier juez cuyas interpretaciones de la ley contradijeran al presidente arriesgaba ser destituido sumariamente". Como aun bajo esas amenazas quedaban magistrados dispuestos a resistir presiones ilegales, el peronismo decidió eliminarlos para no correr riesgos y, para ello, a través de una disposición transitoria (la número 4) incorporada al texto de la Constitución de 1949, los puso "en comisión"; esto es, les privó de la garantía de inamovilidad establecida en el artículo 91, que mantuvo el texto de la Carta Magna de 1853. A partir de entonces, el Poder Judicial quedó reducido a la condición de dependencia administrativa. En tal carácter, convalidó todas las leyes y decretos que se fueron dictando para imponer una dictadura corporativa sobre las ruinas de la República. Hasta se homologaron leyes carentes de sustento constitucional, como el "estado de guerra interno", que otorgó facultades judiciales al Poder Ejecutivo para privar de libertad a los opositores y se eliminó la garantía del hábeas corpus.

También en Córdoba. Como era natural, en Córdoba se repitieron los episodios de persecución contra los pocos magistrados que afrontaron hasta riesgos personales por defender nuestra tradición histórica y jurídica. El Poder Judicial fue intervenido a fines de 1954 para expulsarlos y sus reemplazantes fueron humillados al requerírseles afiliación al peronismo y el envío de telegramas de lealtad y adhesión a la persona y a la doctrina del jefe de Estado. Se instaló, pues, una justicia facciosa. Ciertamente, hoy el peronismo no cuenta, como ayer, con la suma del poder público. Por lo tanto, no está en condiciones de amedrentar ni de someter a la Justicia. De esa forma, funciona una Corte prestigiada por la formación jurídica y la integridad moral de sus integrantes. Como lo acaba de demostrar amonestando a la Presidenta, en un gesto republicano que no tiene antecedentes en nuestra historia. Recuerdo cuando Córdoba fue intervenida en 1960 por ley del Congreso, que admitió como acusación un informe de los servicios secretos del Ejército. Todos los integrantes del Tribunal Superior renunciaron para no convalidar el atropello a la autonomía provincial. En esa oportunidad, Esteban Gorriti -uno de sus vocales- honró nuestra histórica altivez republicana con conceptos que hoy, después de medio siglo, tienen rigurosa actualidad: "Todavía no comprendo -dijo- porque se intentó menoscabar a nuestros jueces, a menos que se admita que alguna ingenua mentalidad descontó, con ligereza, que en este Palacio de Tribunales encontraría furrieles en lugar de magistrados." La Presidenta, como los militares de 1960, cree que los magistrados son lacayos y que deben comportarse como tales. La Corte, como nuestro Esteban Gorriti, le hizo saber que la República, afortunadamente, cuenta con magistrados independientes. Tal vez no se la deba dejar en soledad. Nuestro Tribunal Superior y la Asociación de Magistrados tienen autoridad para acompañarla en este gesto ejemplar de defensa de la independencia y el decoro de la Justicia.