Cultura y desarrollo: la necesidad de un nuevo pacto social

La complejidad que presentan las relaciones sociales en las democracias contemporáneas deriva de múltiples hechos que adquieren matices diversos en cada país, de acuerdo al grado de su desarrollo y modernización legislativa.

Sin duda, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y la denominada "globalización" que ese proceso ha permitido adquiere -frente al ejercicio de determinados derechos- una importancia tan esencial que obliga a efectuar una revisión de los patrones de apreciación aplicados hasta la irrupción y desarrollo de este fenómeno.

La posibilidad de acceso a la cultura se multiplica día a día con la aparición de nuevos mecanismos de producción y difusión de las obras creativas.

Este fenómeno requiere que se piensen los derechos desde otra perspectiva, porque la forma de articulación de sujetos y atribuciones ha cambiado. No podemos cerrarnos a formas de regulación legislativa que han quedado caducas por el surgimiento de los nuevos medios y la transformación de la vida social que se ha producido.

Desde hace pocos años, es posible una difusión generalizada de las producciones culturales, hecho que implica la posibilidad de una democratización y divulgación sin precedentes hasta el momento, como bien ha destacado Unesco en el Informe Mac Bride.

Los principios que desde el origen del constitucionalismo clásico nacido en los finales del siglo XVIII fueron aplicados para la protección y debido ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos que de ella se desprenden (libertad de pensamiento y opinión, derecho a la creación estética, derecho a la difusión de las obras de arte, propiedad intelectual, entre otros), merecen una nueva reflexión, para adaptarlos a los conflictos que hoy se plantean y resolver la tensión que presenta su goce frente a otros derechos consagrados también constitucionalmente.

Constitucionalismo social. El crecimiento de las funciones del Estado, que es característico del constitucionalismo social, impone mandatos a los órganos de gobierno, cuyo cumplimiento genera controversias y requiere una interpretación dinámica de los diferentes valores en juego.

El Estado debe armonizar ese conjunto de derechos con expresas potestades y mandatos constitucionales de defensa de valores colectivos, cada vez más plurales y múltiples, que hacen más compleja la interpretación de las normas que se aplican a los casos y a su resolución concreta.

Este nuevo juego de tensiones entre derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico obliga a realizar un nuevo pacto social, en el que la cultura y el desarrollo no sean una mera enunciación normativa, sino el resultado de una nueva manera de convivencia democrática.

Como afirma Alain Touraine, el concepto de democracia ha superado la democracia procesal -mecanismo de selección de autoridades- y la democracia participativa (injerencia del ciudadano en la resolución de cuestiones públicas). Para superar la situación de estancamiento de nuestra legislación interna y promover las acciones estatales y privadas conducentes a armonizar todos los derechos consagrados, es necesario usar la producción y difusión de la cultura como un instrumento para el desarrollo humano.

Se impone, entonces, la formulación de un nuevo pacto social, que es el fundamento de nuestra convivencia y que, como lo advirtió Rousseau, es un pacto verbal, una posibilidad de comunicación entre distintos individuos y grupos que imponen un conjunto de reglas para beneficio de todos.

*Abogado, ex director del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa)