Cuando la política exterior se judicializa

En estos días de judicialización de la política, y a una semana del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el denominado caso "Papeleras" (sobre el río Uruguay), es oportuno reflexionar sobre las consecuencias de la judicialización de la política exterior.

Así como las resoluciones de los jueces no significan una solución definitiva sobre la utilización de nuestras reservas o la remoción o permanencia del presidente del Banco Central, de igual modo, el fallo del tribunal de La Haya no implica la solución del conflicto social que ha generado la decisión unilateral del Uruguay de instalar plantas de celulosa sobre la ribera de un río compartido por ambos estados.

Argentina recibe del exterior de sus fronteras entre el 50 y el 75 por ciento del agua que posee. En su territorio, la mayoría de las cuencas hídricas es compartida por diferentes provincias.

La característica de este recurso natural, el hecho de que fluye, implica que la actividad que se realiza río arriba puede afectar a aquellos que se encuentran río abajo. De la misma manera, las acciones que se realicen en una costa pueden afectar a la costa del vecino.

Decía Aristóteles: "Es evidente que la riqueza no es el fin que buscamos, pues es útil en orden a otra cosa". Esa "otra cosa" es el desarrollo de los pueblos mediante la gestión integrada de los recursos hídricos. Para ello, la cooperación entre estados o provincias ribereñas es una condición imprescindible.

En el transcurso de la historia, la experiencia demuestra que abordar la gestión de las aguas compartidas desde el enfoque de la cooperación garantiza verdaderos beneficios para el desarrollo humano.

Lo contrario, es decir, abordar la política de aguas compartidas desde el enfoque de la soberanía -que se traduce en decisiones unilaterales sobre la utilización de un bien compartido-, genera conflicto y deriva en un mal manejo del recurso, lo que produce pobreza en las comunidades ribereñas.

Perjuicios. Los fracasos en el ámbito de la cooperación, como en el caso de la pastera Botnia, pueden producir serios perjuicios sociales y ecológicos, como los ocurridos en el lago Chad, en el mar Aral o en el Riachuelo.

La destrucción del recurso natural es el resultado de la imposibilidad de gestión cuando existen varias jurisdicciones involucradas, sin un ámbito claro de cooperación.

¿Cómo es posible optimizar el uso de un recurso hídrico compartido sin cooperación entre los que lo comparten?

Imaginemos, por ejemplo, que la provincia A comparte un río con la provincia B. A decide abandonar su política de cooperación respecto del río. Es decir, decide adherir a un modelo de soberanía absolutista: "Este río me pertenece y, por lo tanto, dispongo de él según me apetezca" ¿Cuál sería el escenario? Se produciría una carrera vertiginosa por parte de ambas provincias por explotar al máximo el río; primaría el concepto de "quien use más y primero el río, es quien saca mayor ventaja al vecino".

La consecuencia de este accionar unilateral es fácil de prever: la muerte del río y, con él, el empobrecimiento de los pueblos de ambas provincias.

Cooperación. En la cooperación, no hay ni ganadores ni perdedores, sino que todos ganan. Al abandonar la cooperación, todos pierden, todos perdemos. Es por ello que la única política de gestión de recursos hídricos compartidos que conduzca al bie-nestar de los pueblos ribereños es la basada en la cooperación.

Los requisitos básicos para prevenir futuros "Riachuelo" o "Botnia" son voluntad política para cooperar de aquellos que comparten el río, la institucionalización de ámbitos de cooperación permanente, la composición de estos ámbitos por decidores públicos y técnicos competentes, el ordenamiento ambiental del recurso compartido, la planificación de la gestión del recurso en base a este ordenamiento ambiental, un mecanismo ágil y legítimo de resolución de todas las controversias.

Los recursos hídricos compartidos no son propiedad exclusiva de una jurisdicción; por lo tanto, todas las decisiones sobre su disponibilidad deben ser compartidas y consensuadas.

En definitiva, para que funcione, la cooperación no puede ser aparente, sino que debe ser verdadera.

Botnia utiliza para su producción 164 millones de litros de agua por día del río Uruguay, el que recibe la totalidad de los efluentes tóxicos que inevitablemente se generan en el proceso de producción de pasta de celulosa.

Más de 100 mil personas marchan cada año al puente en señal de resistencia. ¿Cuáles serán las implicancias del fallo de La Haya en esta realidad irrefutable?

Es que la judicialización de la política no alcanza para la licencia social. Una vez que los flashes se retiren y las luces se hayan apagado permanecerá, de manera estoica, el pueblo de Gualeguaychú en resistencia.