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Amayusco citará a ex funcionario juecista

Jorge León, denunciante de Juez, dijo que Marcelo Torres le contó que el ex intendente recibió coimas de Cliba.

27 de marzo de 2010 a las 12:00 a. m.
Amayusco citará a ex funcionario juecista

Fuentes de la Fiscalía del fuero Penal, Económico y Anticorrupción de la Provincia informaron que, en la causa por la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada en 2007 contra Luis Juez, en los próximos días será citado a declarar como testigo el ex funcionario municipal de la gestión juecista Marcelo Torres.

Según explicaron las fuentes, ello es consecuencia de lo que el jueves pasado declaró en ese despacho el autor de la denuncia original, Jorge León, el ex integrante del Partido Nuevo que llegó a ser presidente del Tribunal de Cuentas del municipio y que se distanció de Juez luego del escandaloso episodio de “Tiendas Mechy” (el comercio propiedad de León donde se juntaron votos de manera anticipada e ilegal para la frustrada consulta popular por el servicio de agua potable).

Como el propio León relató a la prensa el jueves, tras abandonar Tribunales, él se había enterado por Torres que cuando Juez era intendente había arreglado con la entonces concesionaria de la recolección de residuos, Cliba, que recibiría un retorno equivalente al tres por ciento del acuerdo que la Municipalidad firmó con la empresa, por 17 millones de pesos.

León indicó, además, que ese dinero habría sido depositado en cuentas extranjeras por un funcionario de Cliba que se desempeñaba en Bolivia y que había sido compañero de escuela de Torres.

Según las fuentes de la Fiscalía, León habría manifestado sus sospechas acerca de que la ex secretaria privada de Juez, Silvia Ahumada, y el hijo de esta mujer que es contador, “actuarían como testaferros” del actual senador nacional. Y también habría mencionado a Rubén Borello como conocedor de esta situación.

Los informantes indicaron que el denunciante relacionó los nuevos datos con la denuncia por enriquecimiento ilícito que había radicado hace casi tres años, a pesar de que en aquel entonces no los mencionó. También vinculó estas cuestiones con la denuncia presentada hace dos semanas en Buenos Aires sobre cuentas bancarias en el extranjero (dos en las islas Caimán y una en las Bahamas) con cinco millones de dólares, en las que Juez y su hermano Daniel aparecerían como autorizados a operar.

Un funcionario que accede al despacho de Amayusco todos los días señaló que, por ahora, el fiscal citará a Torres, a pesar de que hace más de un año archivó una denuncia contra Juez porque no encontró irregularidades en la negociación con Cliba.

Consultado por este diario, Torres dijo que el lunes se presentará en la Fiscalía para aclarar que lo de León “es una historia inventada”. Agregó: “Es una mentira tremenda que me asusta, porque usa un dato de la realidad, como esto de que tengo un compañero de escuela primaria que era gerente de Cliba en La Paz. Pero lo demás es todo un invento”. Adelantó que tomará medidas “para que las mentiras no queden impunes”.

"Parte de la operación". El dirigente del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros salió al cruce de la denuncia de León, a pesar de que consideró que responderle al abogado es "como ir a un show de un ventrílocuo y responderle al muñeco".

Para Quinteros, “esto de León es parte de la operación que Kirchner ordenó contra Juez y que se vehiculiza a través de (Ricardo) Jaime y del soldadito de éste, León”.

Recordó el juecista que “hace un mes se les cayó a los kirchneristas la operación que hicieron con la causa (que involucró a la ex funcionaria nacional Romina) Picolotti; también quedó al descubierto la operación que montó la Side con las cuentas secretas que ‘descubrió’ una viejita de 80 años; y ahora intentan con esto”.

Quinteros dijo tener pruebas de que “León opera para Jaime”.

El caso

La Justicia Federal porteña investiga tres cuentas en paraísos fiscales, en las que Luis y Daniel Juez figuran como autorizados a operar, y en las que habría unos cinco millones de dólares. La causa se abrió a partir de la denuncia de una mujer de 79 años, que dijo haber accedido a los datos por un papel anónimo que le entregaron en la calle.