Sin definiciones en los lineamientos para aplicar la ley de blanqueo de capitales

A mediados de marzo entró en vigencia la ley 27.613, cuya finalidad en pocas palabras es dinamizar la industria de la construcción en el ámbito privado a través de incentivos fiscales a inversores con capitales fuera del sistema.

En términos generales, Mariano Britos, titular de la desarrollista B&A Desarrollos Inmobiliarios, destaca: "la eximición en bienes personales al valor de inversión en bien inmueble hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, los titulares dominiales de inmuebles o derechos gozarán de diferir el impuesto de transferencia de inmuebles, en el caso que afecten al mismo para la construcción de proyectos inmobiliarios. Por último, el blanqueo voluntario en montos de moneda nacional o extranjera de personas físicas personas jurídicas y sucesiones indivisas destinadas al objeto de la ley, sin tener que explicar origen de fondos de los mismos hasta la vigencia de la norma".

Las instituciones afines, tales como la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu) y la Cámara de la Vivienda, entre otras, están atentas a las definiciones de cómo se aplicará la normativa.

“El desafío ahora es reglamentar lo antes posible, porque los plazos son cortos y es necesario saber entre otras cosas y a modo de ejemplo cómo y quién va a determinar que un proyecto tenga hasta un 50 por ciento de avance y dónde se harán los depósitos de lo exteriorizado, entre otras cuestiones”, detalla Luis Lumello, presidente de Camarco Delegación Córdoba.

En resumen, la ley 27.613 se aprobó con el fin de impulsar nuevas obras privadas y reactivar aquellas ejecutadas hasta menos de un 50 por ciento. Las entidades celebran la intención de motivar la actividad privada, aunque están a la espera de las pautas con las cuales se va aplicar realmente.