Una votación histórica análisis
El Congreso se apresta hoy a sancionar una ley histórica que los juristas equiparan a la ley de divorcio vincular que se debatió en 1986.
El Congreso se apresta hoy a sancionar una ley histórica que los juristas equiparan a la ley de divorcio vincular que se debatió en 1986. En esta ocasión, lo que está en juego es la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales ante la ley.
Como en 1986, los sectores conservadores y la Iglesia Católica advierten con fuerza que la concepción misma de la familia se trastocará. Quienes están a favor señalan que no se está creando una nueva realidad sino que se está legislando sobre lo que ya existe: las familias comprendidas por dos padres o dos madres.
El clima de tensión que se vive en el Senado es inusitado. Hasta hace pocos días el matrimonio presidencial que abraza la iniciativa tenía serias dificultades para obtener el consentimiento de sus senadores. Pero la embestida del cardenal Jorge Bergoglio y un buen número de obispos contra la ley desnudaron una pelea explícita de la Iglesia contra los Kirchner, que los pone en caja a sus soldados díscolos.
Sin embargo, quienes se oponen a la ley esperan poder hacerle algunos cambios. Nadie desoye el fuerte reclamo que anoche se sintió con fuerza en la Plaza de los Dos Congresos. Hasta el último minuto, ningún resultado estará puesto.
El radicalismo tomó ayer conciencia de que sus votos definirán el resultado de la sesión de hoy. De los 18 senadores de la UCR, 5 apoyan el matrimonio homosexual y 13 sólo la unión civil.
Por eso ayer, todo el bloque se encerró en el despacho del jujeño Morales para tratar de sacar provecho de su poder de decisión.
La idea es que en la votación en general los dos grupos se mantengan diferenciados, pero si se aprueba el casamiento gay todos voten por hacerle modificaciones en particular al proyecto que viene de Diputados.
El principal cambio es que en vez de matrimonio de parejas del mismo sexo se crearía una institución denominada "unión familiar igualitaria"; la idea fue acercada por la jueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci a la senadora Laura Montero.
