Tensión. Santa Cruz: policías mantienen el acampe tras 45 días pese al aumento por decreto de su gobernador
El conflicto se concentra ahora en Río Gallegos y El Calafate. Mientras el Gobierno provincial asegura que la fuerza está entre las mejor pagas del país con un piso de $ 1.700.000, los manifestantes exigen un salario básico de $ 2.200.000 y denuncian condiciones de pobreza.
A pesar del intento del gobernador Claudio Vidal por destrabar el conflicto mediante un decreto, la tensión con la Policía de Santa Cruz persiste.
La protesta, que lleva 45 días frente a la sede gubernamental de Río Gallegos, se mantiene firme bajo condiciones climáticas extremas, con sensaciones térmicas que llegaron a los 20 grados bajo cero.
El aumento por decreto y la postura oficial
El lunes pasado, Vidal firmó el Decreto Provincial N.º 0660/2026, que ratifica la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad. Esta medida establece un piso salarial de $ 1.700.000 para los ingresantes, lo que, según el bloque oficialista, posiciona a la policía santacruceña como una de las tres mejores remuneradas de la Argentina.
La recomposición se estructuró a través de la actualización del valor punto y la creación de adicionales como el “Compensador” y el de “Cumplimiento Efectivo del Servicio”. Sin embargo, la medida también trajo controversia al eliminar varios suplementos no remunerativos previos, como los adicionales por función operativa, técnica de apoyo e investigaciones.
Desde el Gobierno sostienen que el diálogo se encuentra agotado tras haber presentado 15 propuestas salariales que fueron rechazadas por los representantes de la fuerza.
El reclamo de los efectivos: "Por debajo de la línea de pobreza"
El grupo de manifestantes, compuesto por policías activos, retirados, bomberos y personal penitenciario, considera insuficiente la oferta. Su reclamo central es un sueldo básico de $ 2.200.000 y que las mejoras alcancen también a jubilados y pensionados.
La protesta mostró matices extremos: mientras algunos agentes cumplen sus turnos con guardias mínimas para luego sumarse a las carpas, dos efectivos llegaron a encadenarse a una de las entradas de la Gobernación. Además de lo salarial, exigen una amnistía para evitar represalias o sanciones internas, algo que el Gobierno ya rechazó formalmente.
Un conflicto con trasfondo político y humano
El mapa de la protesta se redujo en los últimos días. Localidades como Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas, pero el foco más activo persiste en Río Gallegos y El Calafate. El bloque legislativo "Por Santa Cruz" vinculó esta persistencia a "intereses políticos" que, según denuncian, se anteponen a la seguridad de la población.
Asimismo, el oficialismo introdujo en el debate las millonarias deudas que municipios como Río Gallegos y El Calafate mantienen con las Cajas de Previsión y de Servicios Sociales, argumentando que si esos fondos fueran transferidos, habría más recursos para salarios y servicios públicos.
La imagen del subcomisario Gabriel Trujillo se convirtió en un símbolo del acampe. Trujillo falleció recientemente tras ser atropellado mientras se dirigía a realizar horas adicionales para complementar su salario, un hecho que profundizó el malestar y el sentimiento de precariedad entre sus compañeros.
