Un mala política de Estado en debate

Si lo que está en juego es el futuro de los recursos hídricos del país, no hay posibilidad de discusión. El agua es vital para la vida. Las megamineras internacionales prometen progreso, inversión, divisas, trabajo y tecnología. Por más que estas promesas fueran ciertas (las denuncias de las ONG dicen que no), ¿qué sociedad sensata y que piense en el futuro de la humanidad podría cambiar todo el oro del mundo por agua? El texto que se debatía anoche debería contemplar criterios científico-ambientales que respalden esta premisa y plazos concretos y mandatos claros para los casos en que se verifique un daño ambiental. Varios de estos puntos, presentes en la modificación realizada en Diputados por el acuerdo Filmus-Bonasso de julio pasado, quedarían excluidos según los últimos sondeos que se manejaban al cierre de esta edición.Uno de ellos era la protección de toda el área periglacial (suelos congelados, permanentes o no). La idea que prevalecía anoche era proteger sólo los glaciares de escombros, suelos congelados permanentes y con declive suficiente para que se desplacen.En estas condiciones, la institución científica (Ianigla) encargada de realizar el inventario de zonas protegidas estará atada de pies y manos.A su vez, según las iniciativas que prevalecían anoche, las autoridades provinciales que deberán hacer cumplir la ley tendrán mandatos más permisivos para controlar y sancionar los emprendimientos que dañen el ambiente.En un país que reniega de no tener políticas de Estado a largo plazo, la actividad minera es una triste excepción. En 1993, se aprobó la Ley de Minería de la mano del entonces presidente Carlos Menem. La norma otorga apetitosos beneficios impositivos a las mineras, como eximición de impuestos, eliminación de gravámenes en los insumos importados y regalías ínfimas, entre otros. Aquella norma fue el punto de partida de la fiebre de oro que anoche buscaba su continuidad en la ley de glaciares.