Protesta. Tensión en la ruta E-55 en un reclamo para el no cobro del peaje La Calera

En el marco de la inauguración del altonivel de Valle Escondido, un grupo de vecinos se convocó para protestar sobre la presunta ilegalidad del peaje ubicado en la ruta E-55. Allí habría ocurrido un altercado con la Policía de Córdoba y tras eso demoraron a uno de los manifestantes.

Ariel Enrique Guzmán fue liberado esta madrugada aunque permanece imputado por el delito de resistencia a la autoridad.

Este hecho no es aislado, sino que se enmarca en una lucha que lleva adelante la agrupación "Vecinos Unidos de Córdoba y La Calera" desde fines del 2022.

Los vecinos reclaman la eliminación de la estación de cobro y el derecho a manifestarse libremente. Anunciaron que volverán a reunirse el próximo viernes a las 19.30 hs.

"El reclamo por la eliminación de esta estación de peaje lleva más de tres años, fundado en la afectación concreta a miles de vecinos que utilizan diariamente una vía que presenta características propias de una traza urbana", dijeron los vecinos agrupados.

Y agregaron: "En dicho contexto resulta relevante que el Concejo Deliberante de La Calera ha aprobado una ordenanza para la eliminación del peaje".

Sin embargo, advirtieron, la mesa de diálogo con la Provincia se cortó en noviembre pasado y aún no han sido recibidos nuevamente.

En una entrevista en Canal 10 uno de los vecinos contó que los efectivos bloquearon el acceso al puente para impedir el avance de las diez personas que levantaban sus carteles en silencio y generaron una serie de “empujones” que terminaron con la detención de una persona. “A uno de nuestros compañeros le quitaron los carteles y lo tiraron del puente. Fue un atropello”.

El vecino aclaró que el grupo no rechaza el sistema de cobro en las rutas cordobesas sino que exige revisar este caso puntual.

"El peaje de La Calera está mal ubicado", reconoció. Al mismo tiempo aseguró que las autoridades otorgaron una tarifa diferencial de 590 pesos para los residentes del sector "porque saben que está ilegal", explicó.

Sobre este hecho el legislador Gerardo Grosso solicitó un pedido de informe a la Legislatura para que el Ministerio de Seguridad detalle las actuaciones.