
Prisión domiciliaria para el cura Cruz Viale: esperará el juicio por presunto abuso fuera de la cárcel
Por
Redacción La Voz
Una familiar directa del sacerdote Patricio Cruz Viale denunció que cuando ella tenía 7 años fue violada por el hoy cura cuando este era adolescente. La novedad surge a pocos días del inicio del juicio contra el religioso por el presunto abuso sexual de una mujer de 46 años que integraba la comunidad que él dirigía, el Movimiento Schoenstatt, en la ciudad de Córdoba.
La denuncia ya está en manos del fiscal Juan Ávila Echenique, el mismo que investigó a Cruz Viale y lo elevó a juicio el 15 de septiembre. El próximo lunes 1 de junio tiene que empezar este proceso en la Cámara Cuarta del Crimen de la Capital provincial.
Cruz Viale, quien estuvo detenido varios meses en el penal de Bouwer, goza del beneficio de prisión domiciliaria con tobillera electrónica desde el 30 de diciembre del año pasado.
Según la presentación hecha por el abogado de la denunciante, Fernando Moroni, en diciembre de 1983, en la casa de los padres de Cruz Viale, el entonces adolescente de 16 años que luego sería sacerdote la sorprendió de noche, mientras dormía y la tocó y abusó sexualmente de ella. En el relato, aparece una violación simultánea de otra niña de la familia, por otro integrante del clan.
La mujer calló años, décadas, pero la detención del cura la llevó nuevamente a terapia psicológica y decidió ir a la Justicia, para que se conozca el antecedente y se investigue la verdad. En su historia personal, esto sigue siendo un trauma, con consecuencias en su biografía.
Esta pretensión de que se investigue la verdad es clave, porque por el paso del tiempo el delito de abuso sexual que denuncia estaría prescripto. El plazo establecido para la extinción de la acción penal, con la legislación vigente en el momento del hecho, es taxativo: 12 años. Luego hubo varias reformas legislativas que establecieron distintas causas para la suspensión de los plazos, empezando por el momento en que la víctima alcanzara la mayoría de edad de 21 años. Más tarde se fijó el criterio del respeto por los tiempos de silencio de las víctimas, una causalidad más flexible, que abre la posibilidad de no dejar impunes delitos que vienen acompañados por un fuerte trauma.

Ávila Echenique inició la investigación y prevé tomar declaración testimonial a la denunciante, que en la presentación que hizo su abogado realiza un relato de los eventos ocurridos durante su infancia y que pudo reconstruir luego de años de trabajo con una psicóloga y una sexóloga.
La mujer denunciante es familiar directa de Cruz Viale, pero hace años que lo evita. Incluso decidió romper con otros integrantes del grupo familiar porque estos hacen una defensa cerrada del sacerdote, con una activa participación en los grupos ligados al Movimiento Schoenstatt que se movilizaron y que prevén estar presentes en el inicio del juicio, para manifestar por la inocencia del religioso.
Según relata en la denuncia, poco tiempo atrás Cruz Viale intentó hacer contacto con ella, pero la mujer no le contestó y lo bloqueó en la aplicación de mensajería en la que recibió la comunicación.
El abogado de la mujer que lo denunció y por el que va a juicio Cruz Viale, Benjamín Sonzini Astudillo, denunció presiones y amedrentamiento a la presunta víctima y a su familia. La mujer, docente, no consigue trabajo en instituciones católicas y debió cambiar dos veces de colegio a una hija, que hoy tiene seis años, por distintas situaciones de bullying y maltrato.
El fiscal de Cámara, Luis Marcelo Saragusti, se había opuesto a la libertad domiciliaria de Cruz Viale justamente por este peligro: la posibilidad de que con menos controles que los que tenía en el establecimiento penitenciario de Bouwer, el cura pueda entorpecer las declaraciones en juicio de su víctima y eventuales testigos.

El planteo de Saragusti fue "en atención a su extrema vulnerabilidad y el pánico que siente". En su argumentación, Saragusti detalló "los numerosos comentarios de odio dirigidos hacia su persona en redes sociales, en los cuales se la tilda de mentirosa, resentida y otros numerosos calificantes despectivos".
"No sólo insultos, sino incluso amenazas que la hacen temer por su vida y su integridad física y psíquica", describió el fiscal, quien entendió que con prisión domiciliaria Cruz Viale pasaría a "tener más acceso a todo esto, además del palmario terror que genera en su persona, estimando que no va a hacer más que potenciar el accionar y la intensidad de todas estas personas, su odio y sus mensajes amenazantes".
La decisión de la Cámara fue conceder el encierro cautelar con monitoreo electrónico (con tobillera), "imponiéndole al imputado la prohibición de tener algún tipo de contacto con la nombrada y sus familiares, tanto telefónicamente como por interpósita persona".
El religioso estuvo detenido desde noviembre de 2024 en Bouwer, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la calidad de ministro de algún culto.

La mujer presentó su denuncia a principios de 2024, primero ante referentes del movimiento religioso y posteriormente en la Iglesia. Sin embargo, la acusación llegó a la Justicia provincial recién el 25 de septiembre, cuando Cruz Viale volvió al país tras cumplir un retiro en un hogar religioso en México.
Cruz Viale había sido enviado por su congregación a la Fundación Rougier, en Guadalajara, México, un centro especializado en la atención de sacerdotes con denuncias de distintas faltas o delitos, la mayor parte de ellos sexuales. Su “destierro” fue definido poco después de la denuncia de la mujer en la congregación y en la Iglesia. Según las recomendaciones de los psicólogos de ese centro, que fueron adjuntadas al expediente compartido por la Iglesia, el sacerdote no puede estar más en contacto con personas emocionalmente vulnerables.