Sin varita mágica
El problema presente sobre qué hacer con los jóvenes que pasaron los 18 años pero que delinquieron antes de llegar a la mayoría de edad tiene un pasado y un futuro bien claros. Laura Leonelli Morey.
El problema presente sobre qué hacer con los jóvenes que pasaron los 18 años pero que delinquieron antes de llegar a la mayoría de edad tiene un pasado y un futuro bien claros. El pasado se relaciona con que el cambio para obtener la mayoría de edad (se bajó de 21 a 18 años) se realizó sin prever las derivaciones en el sistema penal que ello podía generar. Es más, el Congreso de la Nación (y el Ejecutivo, que lo dirige en los hechos) dejó caer el proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil al que el Senado dio media sanción en 2009. Diputados nunca lo trató y perdió la chance.Vale aclarar, para que no haya confusiones: la imputabilidad penal se obtiene a los 16 años. Es decir, desde esa edad se puede ser responsable de un delito y ser juzgado y sancionado por ello. Sin embargo, cuando quien delinque es menor de edad, el tratamiento es diferente al del mayor de edad que comente un crimen: existe un régimen específico, con jueces específicos y establecimientos específicos. El problema, resuelto por la jueza Liliana Merlo, surge cuando ese adolescente, que está encerrado por un delito cometido antes de llegar a la mayoría de edad, cumple 18 años. ¿Debe ir directo a la cárcel, donde están alojados delincuentes adultos (y que delinquieron siendo mayores de edad)? ¿O debe quedarse en los "correccionales", donde hay chicos de 14 o 15 años? La jueza Liliana Merlo dispuso una opción alternativa, con un criterio que, en definitiva, considera que quienes llegan a los 18 años son muy jóvenes para la primera opción (cárcel), pero demasiado grandes para estar con adolescentes de uno, dos, tres y hasta cuatro años menores. Así, la decisión de la magistrada tiene que ver con el futuro: los jueces no tienen la varita mágica para crear lugares físicos o políticas que no existen. Por eso se le reclama a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que reglamente la política socioeducativa para este grupo vulnerable. Es el Ejecutivo provincial el encargado de velar por la (mejor) vida de los jóvenes.
