Reclamo en Córdoba. El sector de la discapacidad vuelve a marchar y repudia el proyecto de ley del Gobierno nacional
Organizaciones, familias y personas con discapacidad se movilizan en el centro de la Capital para rechazar el nuevo proyecto de la administración de Javier Milei y la implementación urgente de la ley de emergencia.
Ante el anuncio de un proyecto de ley que "criminaliza a las personas con discapacidad" y el incumplimiento de la ley de emergencia, el colectivo de la discapacidad de Córdoba se una a la marcha nacional y convoca a participar este miércoles a las 12.30 en la Plaza San Martín.
"Nos reunimos para repudiar la política de crueldad sin límites del Gobierno de Javier Milei, que no sólo incumple con la Ley de Emergencia y ha cortado los pagos de Incluir Salud desde diciembre de 2025; sino que además acaba de presentar en el Congreso un proyecto de ley que criminaliza a las personas con discapacidad e implicaría el fin definitivo del sistema de atención a las personas con discapacidad tal como lo conocemos", sostuvieron la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Cámara de Prestadores en Discapacidad, la Federación Converger y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión en un comunicado único.
"La embestida contra la ley de emergencia, el sistema de prestaciones y la política de pensiones incluye el desmantelamiento del nomenclador nacional de prestaciones, destruyendo los principios de universalidad, federalismo y equidad que aún hoy tiene el sistema", expresaron.
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Y agregaron: "Además reinstala la concepción de “pensión por invalidez” que es totalmente discriminatorio y contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impone un reempadronamiento que ya se observa como un nuevo mecanismo arbitrario y vuelve a imponer la incompatibilidad de la pensión con el trabajo, además de establecer criterios y mecanismos que recortarán injustamente miles de pensiones, una vez más".
Desde el sector de la discapacidad afirmaron que se trata de retrocesos tremendos en conquistas históricas que el colectivo logró con la ley de emergencia.
Del sistema solidario al mercado
La licenciada Belén Frías explicó que la Ley 24.901 estableció un principio claro: las prestaciones deben ser garantizadas con financiamiento solidario, a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), y con valores definidos por un nomenclador nacional.
"Este esquema permitió, con dificultades pero con un horizonte común, sostener una red de apoyos para miles de personas con discapacidad en todo el país. Hoy, ese equilibrio está en riesgo", mencionó.
El nuevo proyecto habilitaría, en los hechos, a que obras sociales y empresas de medicina prepaga definan cuánto pagar por las prestaciones. Aunque formalmente se menciona un nomenclador nacional, se abre la puerta a que cada financiador fije sus propios valores. Esto rompe la referencia común, fragmenta el sistema y deja a prestadores y personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad, entendió.
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Y sumó: "En paralelo, el Estado se reserva la potestad de definir el nomenclador bajo la órbita del Poder Ejecutivo, sin garantías de actualización ni participación del sector. Esto anticipa un escenario donde los valores oficiales quedarán atados al ajuste presupuestario, perdiendo capacidad real frente a las lógicas del mercado".
